Los campamentos y tomas de terrenos han aumentado sostenidamente en el país durante la última década, transformándose en una preocupación habitacional que mantiene en alerta al gobierno, particularmente al Ministerio de Vivienda.

De acuerdo a un estudio de octubre de 2025 de CEP, los campamentos pasaron de 660 en 2016 a 1.428 el año pasado. Además, el informe indica que entre 2019 y 2025 las familias en asentamientos informales aumentaron en un 153%.

Actualmente una de las tomas que presenta mayor preocupación es la del cerro Chuño en Arica, la que se ha transformado en un foco de incivilidades, y donde se ha detectado presencia del crimen organizado.

Al respecto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en diálogo con radio Pauta, destacó que en abril se inició el proceso para desalojar el sector, aunque recalcó que “cuando hay crimen organizado hay un desalojo selectivo que hacen las policías para sacar a los delincuentes y el crimen organizado que manejan”.

En ese sentido, acusó que en el gobierno de Gabriel Boric “hubo poca voluntad” para intervenir la toma. “Hubo una idealización de la toma, una romantización de la toma, la exministra (del Interior, Carolina) Tohá dijo que había que sentar al grupo de los tomadores y al grupo de los propietarios en la misma mesa, fue una brutalidad lo que dijo”.

“Estábamos hablando de personas que entraban con armas, con maquinaria, con topografía, una verdadera industria de venta de tierra robada. Entonces sí, el gobierno anterior tuvo una mano muy blanda", sostuvo.

Poduje señaló que bajo la administración de José Kast eso ha cambiado “radicalmente”, asegurando que se están "planificando 14 desalojos".

Dentro de esa planificación estaría contemplado el desalojo de la toma más grande del país ubicada en el cerro Centinela en San Antonio. “Vamos a desalojar toda la toma de Centinela”, aseveró.

El ministro acusó que quienes más respaldan esta medida serían “las familias que están esperando su casa y que vieron cómo el gobierno anterior, por razones muy difíciles de explicar, el presidente Boric destinó 11 mil millones de pesos para comprar un terreno tomado, saltó la fila de 4 mil familias que estaban esperando esa plata”.

Sobre esa medida establecida por la administración anterior, señaló: “En las tomas no se hacen expropiaciones porque son terrenos usurpados”.

Poduje además hizo una distinción en los términos campamento y toma. “El campamento y las tomas son cosas distintas para nosotros”.

“Nosotros vamos a entregar títulos de dominio en algunos campamentos, por ejemplo, en Viña del Mar vamos a entregar para poder hacer la reconstrucción, casi 800 títulos de dominio a familias que están hace 30 años en campamentos antiguos”, indicó.

Para el ministro “otra cosa son los campamentos post-pandemia con crimen organizado, que son los que se han instalado y triplicaron prácticamente la cantidad de hogares. Ahí tenemos casos muy concretos”.