¿Ordenando la casa o precarizando la migración?

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Por Waleska Ureta, directora nacional, y Carlos Figueroa, director de Incidencia Pública y Estudios, Servicio Jesuita a Migrantes

La última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera ha sido definida desde varios sectores como una carta de navegación para lo que resta de su mandato. En este marco, desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) nos parece importante precisar algunos de sus dichos respecto a migración para intentar corregir el rumbo.

El Presidente dijo en la cuenta pública que cuando asumió “la migración ilegal y los migrantes engañados por verdaderas mafias de trata de personas, habían aumentado sin control y era necesario poner orden en nuestra casa. Por estas razones, impulsamos una nueva Ley de Migración, que ya está en plena vigencia, que permite la migración legal y beneficiosa para nuestro país”. Con esto, transmitió la idea de que se está avanzando hacia una migración más regular, ordenada y segura.

Los hechos muestran lo contrario. El número de personas que ingresan por paso no habilitado ha aumentado como no se había visto en gobiernos anteriores, alcanzando las cifras más altas de la última década, pues solo entre enero 2018 y marzo 2021 se han dado 44.854 ingresos de este tipo, concentrando el 77% de los que se han registrado desde 2010.

Este incremento se explica por las medidas restrictivas implementadas desde 2018 en materia migratoria y por el cierre de fronteras debido a la pandemia. Ambas iniciativas disminuyeron la movilidad regular hacia nuestro país, lo que provocó el aumento de flujos irregulares.

Dar a entender en la cuenta pública que ha disminuido la migración irregular, o que esta se ha hecho más segura, no concuerda con la realidad. Los múltiples relatos de familias enteras, con lactantes, deshidratados, víctimas de trata, como también la muerte de seis personas en 2021, confirman la terrible inseguridad de migrar por pasos no habilitados, siendo ello efecto colateral de políticas públicas descontextualizadas.

Junto con ello, hay una carencia de estimación oficial post 2018 sobre migrantes irregulares que habitan Chile, con lo que no es posible corroborar la baja en la irregularidad. Por el contrario, los datos disponibles muestran que la migración se ha vuelto más precaria, desordenada y peligrosa.

Chile está frente a un desafío gigantesco derivado de la movilidad regional de personas gravemente vulneradas. Cambiar el rumbo de las políticas migratorias, en los pocos meses que quedan, requiere de compromiso y apertura. Compromiso para cumplir los tratados de DDHH ratificados por Chile y frenar las políticas que vulneran los derechos de las personas migrantes, como lo son las expulsiones colectivas. Y apertura a escuchar a las organizaciones migrantes y pro migrantes que han recomendado cambios en la política migratoria para hacerla más segura, más ordenada y más regular.

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