La llamada “carrera docente”, aprobada durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet hizo cambios sustantivos en las remuneraciones de los docentes y las exigencias a las facultades de educación, y estableció un puntaje mínimo de la entonces Prueba de Selección Universitaria para que los estudiantes pudieran postular a la carrera de pedagogía, entre otros elementos. Se estableció que este requisito de puntaje debía aumentar en el tiempo, de forma de forzar al sistema de educación superior a hacer de la pedagogía una carrera selectiva.

Así las cosas, el año pasado los requisitos debían aumentar para exigir a los estudiantes un promedio en la PAES que los ubicara en el 60% superior de quienes la rindan. Si esto se hubiese aplicado, la carrera de Pedagogía se habría hecho, efectivamente, mucho más selectiva, al nivel de hacer caer la matrícula de forma tan fuerte que hubiese impactado duramente a las universidades. Ante este problema de difícil solución, el Mineduc pospuso la aplicación de este requisito, y se comprometió a regular la materia de forma permanente con un proyecto de ley. Su propuesta –entregarle el control del acceso a Pedagogía a un comité controlado por el CRUCH– más parece una transacción política para lograr apoyo para el FES que una medida en favor de la pedagogía. La propuesta fue mal recibida por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene una mayoría avasalladora, y fue rechazada. A la fecha, y a unos meses de la rendición de la PAES, el sistema y los estudiantes no conocen los requisitos de Pedagogía. Además, se corre el riesgo de que la Sala de la Cámara deseche el proyecto por completo.

Hay dos problemas en que vale la pena profundizar.

Primero, los resultados observables de esta ley muestran las fuertes limitaciones que tiene la planificación estatal. Tras la aprobación de la carrera docente, los sueldos de los profesores aumentaron significativamente vía gasto fiscal –hoy ganan en promedio cerca del 65% del sueldo de un trabajador de formación profesional comparable, por lo que sigue habiendo espacio de mejora– pero cada vez hay menos interés por estudiar Pedagogía, y la deserción en los primeros años de trabajo sigue siendo relevante. Se reguló hasta la saciedad las carreras de Pedagogía por la vía de la acreditación, pero los resultados promedio de las pruebas estandarizadas que se aplican cuando los docentes egresan de sus carreras no han variado desde 2018. Es justo decir que las expectativas de la nueva carrera docente no se cumplieron, y nuestro sistema educativo es más caro, más rígido, menos diverso y más lleno de burocracia que antes. Y lo que es más preocupante: los resultados de aprendizaje siguen estancados.

Lo segundo es que no es posible eludir que el arreglo institucional que (sobre)regula la carrera de Pedagogía hoy no logra sus objetivos y debe ser replanteado. Una opción es modernizar el Estatuto Docente, para darle un espacio a los directores para seleccionar y reconocer a sus equipos docentes con mejores sueldos. En lugar de regular la formación, el esfuerzo debiera estar en mejorar el clima laboral de los profesores, financiando el apoyo de profesionales en el aula como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y educadores diferenciales, entre otros, que tanto podrían ayudar a gestionar una sala de clases cada vez más diversa y exigente. La evaluación docente debiera tener un componente local importante, en particular en el caso de los SLEP, donde la mayor escala y capacidad técnica permite pensar en un instrumento más contextualizado y relevante que el actual.

En cualquier caso, parece difícil para el Gobierno evadir una conversación de fondo sobre el tema docente. De ello depende el éxito de un proyecto que hoy pende de un hilo.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar