Si el sistema para aprobar proyectos en Chile fuese un bote, podríamos decir que está haciendo agua. La evidencia muestra que cualquier proyecto, sin importar su sector o tamaño, enfrenta plazos de años, criterios poco previsibles y escasa coordinación entre entidades públicas.

Se están proponiendo soluciones diversas, desde ajustes puntuales hasta derogaciones y cambios de paradigma, por lo que conviene revisar cómo llegamos a este punto, pues ahí pueden hallarse claves para que las mejoras que logren implementarse sean sostenibles.

El problema radica, en gran parte, en cómo regulamos. Los permisos no surgen de la nada: requieren un marco normativo que defina su alcance y objetivos. Es a través de la regulación que el Estado interviene en áreas donde hay un interés público, mediante normas como leyes y reglamentos.

Hasta ahí, todo bien. El problema es que las regulaciones, generen permisos o no, no son inocuas. Aunque persigan fines valiosos, tienden a producir efectos no deseados.

Uno de ellos son los costos: desde los que deben asumir los regulados para cumplirlas, hasta los que enfrenta el Estado para implementar nuevas potestades o instituciones. Por eso, se espera que una regulación exitosa sea aquella cuyos beneficios superan sus costos, privilegiándose la alternativa con mayor beneficio social neto.

Además, las regulaciones tienen efectos acumulativos. Rara vez operan de forma aislada; interactúan con otras normas, generando dinámicas no siempre anticipadas: contradicciones, incentivos no deseados o costos imprevistos.

Esto se acentúa en el caso de los permisos. Son costosos de cumplir para los regulados —piense en el tiempo y recursos que exige cada aprobación— y también para el Estado, que debe financiar personal y recursos para su otorgamiento.

Asimismo, generan efectos acumulativos para los proyectos de inversión. Dado que estos se desarrollan en fases sucesivas, cada una sujeta a múltiples autorizaciones, cada nueva regulación que introduce condiciones adicionales puede afectar una o más etapas, generando impactos sistémicos a lo largo del proceso.

En Chile, estos factores han sido escasamente considerados al regular. Normas como la Ley Marco de Cambio Climático, el Tratado de Escazú, la Ley de Humedales Urbanos o del Servicio de Biodiversidad, han impuesto nuevas exigencias a los proyectos en evaluación. Aunque todas buscan fines legítimos, ninguna fue precedida por un análisis profundo de sus beneficios versus costos, ni de sus efectos acumulativos sobre la carga regulatoria que enfrentan los titulares.

No debiera sorprendernos, entonces, la situación actual. Si bien no es la única causa, un entorno donde surgen periódicamente nuevas obligaciones, autorizaciones o permisos —que requieren la intervención de uno o más órganos públicos en distintas etapas— difícilmente podría no asemejar a un bote haciendo agua.

Si seguimos regulando así, por muy potentes que sean las medidas para acelerar la inversión, el problema persistirá, ya que el ingreso constante de nuevas regulaciones, sin una evaluación rigurosa de su necesidad y efectos, seguirá generando trabas.

Es clave asumir con responsabilidad el desafío de regular, incorporando evaluaciones que consideren no solo los costos e impactos particulares de cada norma, sino también sus efectos acumulativos. Mientras no lo hagamos, estaremos como el marinero que achica el agua con un balde, sin antes tapar el agujero por donde sigue entrando.

*El autor es director jurídico la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).