Por Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En estos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Argentina por el caso de la familia Julien Grisonas. Esta familia fue víctima, en 1976, de un violento operativo en su vivienda, en que Mario Julien, después de tratar de proteger a sus hijos, fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer. Anatole y Victoria, de 4 años y 16 meses de edad respectivamente, después de haber presenciado el asesinato de su padre, fueron separados de su madre, Victoria Grisones, quien fue brutalmente torturada y hecha desaparecer desde el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, en Argentina. En octubre de 1976, Anatole y Victoria fueron trasladados en forma clandestina a Montevideo. Al siguiente mes, fueron llevados a Chile para ser abandonados, solos e indocumentados en Valparaíso.

Este es un caso emblemático no solo porque refleja el plan sistemático de la apropiación de niñas y niños, sino también la cadena, coordinación represiva y colaboración en pos del horror, por parte de las dictaduras del Cono Sur. En ese sentido, el tribunal recordó que pese a que el caso fue sometido a su conocimiento respecto de Argentina, la noción de garantía colectiva se encuentra subyacente en todo el sistema interamericano. Ello hace imperativo, señala la Corte, que los estados que tuvieron algún tipo de participación en los hechos y, en general, en el contexto de la Operación Cóndor, colaboren entre sí de buena fe con el fin de implementar esfuerzos interestatales coordinados en pos de la verdad y la justicia, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.

Anatole y Victoria son los primeros niños desaparecidos recuperados. Pero son cientos, como dijo Victoria en audiencia ante la Corte, quienes han padecido esta tragedia. Ellas y ellos continúan en la búsqueda no solo de sus padres desaparecidos, sino también de su identidad, historia y de la justicia en muchos casos pendiente. Esta decisión de la Corte Interamericana nos recuerda que los estados que fueron parte de la Operación Cóndor tienen la obligación internacional conjunta de no dejar solas a las víctimas y sus incansables luchas.

El caso de la familia Julien Grisonas es así un poderoso incentivo para el ejercicio de un multilateralismo que instale en nuestro continente la idea de que los esfuerzos interestatales colectivos por los derechos humanos y la democracia son un mínimo común en nuestras relaciones políticas internacionales. Los estados del Cono Sur tienen, en esta decisión de la Corte, una hermosa oportunidad no solo de cumplir sus obligaciones internacionales, sino de ejercer una diplomacia y liderazgos activos en una región como la nuestra, en que la democracia y los derechos humanos aún se encuentran amenazados en muchos frentes y en que miles de víctimas siguen buscando verdad y justicia.