Estas últimas semanas los ciudadanos tuvimos que presenciar el lamentable espectáculo de acusaciones constitucionales, presentadas contra el ministro Jackson y la exministra Ríos, que carecían de los fundamentos mínimos de forma y fondo. A tal punto se trató de un montaje pensado para difusión en medios y consumo fácil que, en el caso de la acusación al ministro, el orador principal confesó a micrófono abierto “estar haciendo el ‘Naranjo’”. En particular el caso contra Jackson contenía un conjunto de juicios personales poco pertinentes al instrumento además de dudosas analogías históricas, en particular una desafortunada referencia a Nerón.

El mismo tono puede observarse en el caso de la rechazada acusación contra la ex ministra Ríos. Como señaló el jurista Javier Wilenmann ante la Comisión Revisora, lo que corresponde juzgar es si la decisión de indultar atiende las prácticas establecidas de fundamentación. Esto se confirma en la continuidad del argumento institucional de los indultos actuales en relación a los otorgados por gobiernos anteriores. Por supuesto, la oposición puede discrepar de la decisión, pero ello está lejos de ser fundamento para una acusación tan grave como violar la Constitución.

Episodios como estos inevitablemente ponen en discusión la necesidad de revisar una herramienta institucional pensada para situaciones de verdadera gravedad y degradada a arma arrojadiza por desde la oposición al gobierno de turno. Un uso correcto de la acusación constitucional debe contener ciertos elementos clave: primero, un fundamento constitucional riguroso toda vez que, pese a tener un carácter jurídico-político, los “ilícitos constitucionales” son imputaciones sujetas a interpretación restrictiva en derecho; segundo, se trata de un recurso final, por lo que es menester el uso anterior de atribuciones fiscalizadoras anteriores como solicitud de antecedentes, proyectos de resolución, citación a comisiones parlamentarias, comisiones investigadoras, y finalmente las interpelaciones.

Es menester que los actores políticos en su conjunto comprendamos que la acusación constitucional es un recurso de ultima ratio porque supone la gravísima acusación de que el ejecutivo está transgrediendo la constitución, lo que implica una crisis política para todo el sistema democrático, y no solo para el gobierno. En consecuencia, utilizar este instrumento para golpear al gobierno supone no valorar la convivencia democrática y su estabilidad. El solo hecho que 2022 sea el primer año de gobierno en que se han presentado más acusaciones constitucionales desde el regreso a la democracia habla del creciente desdén por la gobernabilidad en la oposición.

Por otro lado, es claro que quienes participamos en los partidos de gobierno nos corresponde una revisión de nuestro actuar en el pasado reciente. En efecto, hay que aceptar que también se incurrió en esa práctica y eso no se puede repetir. Ciertamente, no se debe equiparar todo: no olvidemos que en el gobierno anterior hubo graves violaciones a los derechos humanos. Pero no es menos cierto que en otros casos se abusó de la institucionalidad. Por ejemplo, en el caso del ex ministro Figueroa, se le imputó nada menos que vulneración del derecho a la educación (por promover la presencialidad) así como amenazas contra la vida (en virtud de promover tal medida en situación de pandemia). Es evidente el abuso de los argumentos en que se incurrió.

Quienes hemos podido contribuir al servicio público desde el ejercicio de nuestra profesión, debemos ser capaces de reconocer nuestras propias falencias y también de llamar a la oposición a la responsabilidad. No hay contradicción alguna en estas dos actitudes: por el contrario, se trata de reconocer la necesidad del fortalecimiento institucional en nuestro país, base fundamental para construir el futuro compartido que espera de nuestras decisiones para tomar forma. El contundente rechazo en el Parlamento y en la opinión pública a estas acusaciones abre esperanzas. Como dijo un emblemático expresidente: de lo que se trata no es arrasar ni destruir, sino construir y levantar. Que así sea.

Por Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social