El presupuesto para el próximo año es un fiel resumen de lo que la izquierda, liderada por el Frente Amplio, viene impulsando en materia educacional desde que el mismo Presidente irrumpió en la escena pública como dirigente estudiantil. Un ejemplo de cómo poner los recursos en el lugar incorrecto.

En 2026, casi la totalidad del aumento en el gasto que se contempla para educación se explica por dos materias: $172 mil millones se destinarán a incrementar los recursos para la gratuidad de la educación superior y $158 mil millones al avance en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública, los SLEP. Dos reformas costosas, que prometieron mucho y han logrado poco. La primera –la gratuidad- se introdujo bajo la excusa de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, pero casi diez años después no solo no ha cumplido ese fin, sino que además ha estancado los recursos disponibles para las universidades y deteriorado su autonomía bajo el control estatal. Y la segunda –los SLEP-, que prometió revitalizar la educación pública, no ha logrado asegurar mejores condiciones para la gestión de las escuelas y liceos en comparación con la administración municipal.

Pero eso no es todo. Se trata de reformas que, además, han limitado el avance en los desafíos más urgentes del sistema educativo. Al restringir la disponibilidad de recursos para, por ejemplo, mejorar la calidad de la atención en educación parvularia, etapa clave en el desarrollo de los niños, que en los últimos años registra un retroceso en cobertura y para la cual se sigue posponiendo la obligatoriedad del reconocimiento oficial. O para fortalecer el apoyo a los colegios, en un contexto de crecientes requerimientos desde el propio Estado. Es así como en el presupuesto 2026 se reduce el gasto en subvenciones escolares (-$390 mil millones) y las transferencias para el financiamiento de jardines infantiles y salas cunas (-$24 mil millones). Ambas cifras, calculadas luego de reajustar el presupuesto base por inflación –cosa elemental que convenientemente el gobierno no realizó.

En definitiva, lo que el presupuesto 2026 nos muestra, es el gobierno administrando su propio legado, no solo el de estos cuatro años, sino el resultado de las reformas que se introdujeron años atrás en respuesta a las consignas que este mismo instaló desde la calle y el Congreso. Reformas que no han cumplido sus objetivos, que han traído nuevos desafíos al sistema educativo y que han restringido los espacios para hacer frente a aquello que sí debió ser prioritario y que sí hubiera permitido mover la aguja en calidad y mayor justicia.

Ad portas de la elección presidencial, una verdadera hazaña le espera al próximo gobierno: sin holguras fiscales, pero con la responsabilidad de hacer frente al contradictorio panorama en materia educacional. ¿Preservará el legado o buscará revertir –o al menos detener- esta verdadera paradoja educacional?