Prioridades ciudadanas y debate público

Los hallazgos que se desprenden de la última encuesta realizada por el CEP dan cuenta de que la sociedad está menos polarizada de lo que sugiere el tenor del debate político.



De acuerdo con las preguntas contenidas en la base de datos de la última encuesta CEP (octubre 2021), ha sido posible apreciar que en una serie de materias la ciudadanía ha retomado visiones anteriores a la crisis de octubre de 2019, lo que entrega nuevas luces para el debate acerca de los cambios que se proponen para superar los problemas que aquejan a la sociedad.

No cabe duda de que tras los acontecimientos de 2019 el país se ha visto tensionado por visiones a ratos extremas, que buscan introducir cambios radicales en el actual modelo, denostando aquellas posturas que buscan puntos más intermedios, por estimarlas totalmente alejadas del profundo malestar que se expresó en las movilizaciones sociales. Desde luego que no cabe negar que ese malestar es real y que la ciudadanía demanda una serie de cambios, pero también es fundamental que exista el diagnóstico adecuado, porque sin este el diseño de las políticas públicas resulta extraviado, y los problemas podrían terminar ahondándose.

En tal sentido, es ilustrativo que los datos de la encuesta CEP estén revelando que ciertas percepciones y prioridades que había en pleno estallido social así como en los meses que le siguieron, han ido cambiando y al parecer han ido tomando distancia de los elevados niveles de efervescencia que caracterizaron dicho período.

Es así como resulta decidor el hecho de que frente a la pregunta de si se asigna más valor a las libertades públicas y privadas, o al orden público y seguridad ciudadana, los que optan por esta última alternativa escalaron al 31%, un aumento de diez puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2019. Para el caso de la primera alternativa, esta alcanza ahora el 4,9%, contra el 7,4% del sondeo anterior. Es evidente que esto no se trata de aspectos dicotómicos y ambos valores son fundamentales en toda democracia, pero el hecho de que la variable de orden público empiece a adquirir más notoriedad parece responder en primer término al temor que genera la delincuencia -que sigue estando entre las principales inquietudes de los chilenos-, sin que quepa descartar que también podría estar incidiendo la violencia de carácter política, que si bien se ha atenuado esta no ha desaparecido -pese a que está en marcha un proceso de cambio constitucional-, como acaba de quedar de manifiesto en la reciente conmemoración del 18-0.

Otro de los hallazgos es que aumentó el porcentaje de personas que opinan que “debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos”, en tanto que disminuyó el porcentaje que estima que “los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual”.

Sería equivocado suponer que estos resultados indican que la crisis social ha sido superada y se ha vuelto a la “normalidad”, pero están sugiriendo que la población en general sustenta hoy visiones más equilibradas y está menos polarizada de lo que aparenta el debate público. De allí que los cambios que se buscan introducir no deberían perder el foco de que la ciudadanía sigue valorando ante todo aquellas materias que tocan su diario vivir, sin ansias de soluciones extremas.

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