Chile ya tiene presidente electo y se inicia un nuevo ciclo político, una etapa que vuelve a poner sobre la mesa las prioridades del país. Más allá de los énfasis programáticos o de las legítimas diferencias entre sectores, hay una que no admite más postergaciones: la protección de la infancia y la adolescencia.

Sabemos que el desafío no es simple ni de corto plazo. Exige una mirada de Estado y el compromiso sostenido de todos los sectores. Pero las cifras nos increpan: entre 2020 y 2024 las medidas de protección judicial por vulneraciones de derechos a NNA aumentaron un 37%. Solo en 2024 se dictaminaron 186.728 medidas, de las cuales 80.014 quedaron en lista de espera, según el Informe Anual de la Defensoría de la Niñez presentado recientemente.

En este contexto, donde los primeros 100 días de gobierno suelen ser el primer impulso de gestión de cambio de una nueva administración, proponemos un conjunto de medidas administrativas, orientadas a destrabar el sistema de protección especializada y marcar una diferencia real desde el inicio, respecto del actual entrampamiento burocrático en que se encuentra.

1. Implementar residencias según el perfil de los NNA, en coordinación con el Ministerio de Salud: Que un adolescente en crisis de salud mental, drogas o compromiso delictual con necesidades terapéuticas, no termine en el mismo espacio que un niño que solo necesita protección temporal, evitando nuevas vulneraciones.

2. Entregar lineamientos técnicos y de supervisión del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Servicio) centrados en la calidad de las atenciones y en los resultados de la intervención: Establecer estándares claros de lo que significa una buena atención y cómo medirla, superando el enfoque actual de control de procesos, desde una lógica de desconfianza y no colaborativa.

3. Regularizar en la normativa del Servicio la asignación del 10% para la administración centralizada en las instituciones colaboradoras: Esto les permitiría pagar profesionales especializados, entregar soporte, ejercer control y supervisión, y no colapsar por falta de recursos mínimos de operación.

4. Evitar exigencias que hoy no se corresponden con los recursos disponibles: Dejar de imponer a las instituciones estándares que no pueden cumplir por falta de financiamiento y de profesionales. Con la Ley 20.032, el Estado dejó de financiar la atención de la niñez vulnerable y pasó a ser solo un aportante.

5. Establecer licitaciones de proyectos ambulatorios por al menos tres años, renovables tras evaluación del Servicio: Capitalizar la experiencia profesional en beneficio de los niños atendidos.

Adicionalmente, fortalecer la implementación efectiva de la Ley de Garantías, dictando los reglamentos pendientes y lineamientos operativos. Es decir, llevar la ley “del papel a la práctica” bajo una lógica colaborativa con la sociedad civil, para que los derechos de los NNA sean realmente atendidos y no solo declarativos.

Todas estas medidas administrativas pueden implementarse con prontitud. No requieren grandes reformas, ni costos económicos, sino decisión y sentido de urgencia. Porque proteger la infancia y juventud no admite espera, y es imperativo poner su bienestar por delante, independientemente de quién gobierne el país.

Por José Pedro Silva Prado, presidente Fundación Ciudad del Niño