Es común escuchar el comentario de que “educación no ha sido tema en esta elección”. Si bien esta percepción está fuertemente sesgada por la cobertura mediática –educación está incorporada en los programas de gobierno y ha habido variados debates, conversatorios e instancias en la materia–, hay algo de realidad en que las urgencias ciudadanas, según muestran los instrumentos que sondean la opinión, son la seguridad, la migración, el empleo, entre otros.

Este efecto puede deberse también a que la educación “ha sido tema” en el debate y en la agenda pública durante mucho tiempo, pero sin resultados perceptibles. ¿Evalúa la ciudadanía que el enorme esfuerzo fiscal y administrativo que implicó el ciclo de reformas iniciado en 2009 valió la pena?

Mi percepción es que la educación no se ha beneficiado de ser un tema de discusión pública. El lucro y el copago en educación escolar se han eliminado, pero nuestros resultados de aprendizaje siguen igual. Es decir, los recursos que supuestamente se usaban en otras cosas y no se invertían en los colegios, fueron irrelevantes para la calidad. La selección se eliminó, pero no existe consenso alguno de que el sistema de admisión escolar que tenemos sea mejor. Es permanentemente cuestionado, tanto que el oficialismo buscó dejarlo amarrado a nivel constitucional en la fallida Convención Constitucional. Ese nivel de protección demuestra que el oficialismo sabe que el SAE es rechazado y solo sobrevive porque fue impuesto por una mayoría transitoria de una coalición política que ya no existe.

En educación superior, el diseño de la gratuidad generó desajustes presupuestarios para el Estado y déficit a las universidades que no dan señales de acabar. La gratuidad está costando casi cuatro veces lo que se presupuestó, y el acceso de estudiantes vulnerables no ha aumentado en la misma proporción. Tanto la Comisión de Racionalización del Gasto Público como algunas universidades han dejado claro que existe un aparente fraude en la asignación de los beneficios, con el resultado de que muchas personas acceden a la gratuidad sin cumplir con los requisitos. La gratuidad está siendo más cara de lo esperado y, además, aprovechada por personas que no son las originalmente beneficiarias.

Hay más casos que no hay espacio aquí para detallar, y obviamente se podrían discutir muchos matices de este diagnóstico. Sin perjuicio de ello, me parece que hay que sacar lecciones. Que la educación haya estado en primera fila de las prioridades políticas no ha sido especialmente beneficioso para los estudiantes, las instituciones, ni para el sistema, sí para los políticos que se aprovecharon de ello y ganaron elecciones. Quizás equivocamos el rumbo de un inicio, y lo que se debía hacer no era subir forzadamente a la educación al escenario de la política, y entregarles a las autoridades la prerrogativa de regular hasta el último aspecto de la labor de educar. Quizás debimos darle libertad, autonomía y recursos a los que en verdad hacen la pega, y dejarlos trabajar tranquilos.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar