Comprar un medicamento en España o Dinamarca no requiere papeles. Un clic del médico y la orden está disponible en cualquier farmacia de forma electrónica. En esos países la receta electrónica (e-receta) es el estándar: un sistema que elimina burocracia y garantiza seguridad sanitaria. Este modelo integra a médicos, farmacias y reguladores en una red nacional. El registro automático de cada receta y transacción optimiza el control normativo y permite al paciente adquirir fármacos sin letras ilegibles y con todas las garantías de la ley.

Una propuesta normativa reciente del Minsal, bajo consulta pública desde diciembre 2025, ofrece la posibilidad de replicar este sistema en Chile. A fines del año pasado, y luego de 10 años de desarrollo normativo gradual, comenzó a operar el Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), una plataforma pública, abierta y gratuita para todos los prestadores de salud y dispensadores de medicamentos. Esta plataforma ayudará a erradicar malas prácticas que aún ocurren al prescribir recetas médicas de fármacos.

Desde la vigencia de la Ley Fármacos 1 (LF1; 2014), es ilegal no explicitar en la receta médica la Denominación Común Internacional (DCI), el nombre genérico del principio activo del medicamento prescrito. Pero, dados los altos costos de fiscalizar la emisión de recetas físicas, esta práctica continúa. Con el SNRE, la DCI será ingresada en la receta médica automáticamente y el paciente podrá comprar el medicamento indicando su RUT en cualquier farmacia del país. Conocer el DCI facilita el acceso a medicamentos bioequivalentes, de significativo menor costo. A partir de la LF1, el vendedor en la farmacia tiene la obligación de informar al consumidor, si éste lo consulta, sobre las opciones bioequivalentes disponibles del medicamento prescrito.

¿Qué significa que un medicamento sea bioequivalente? El ISP certifica, siguiendo estándares internacionales, que un cierto fármaco tiene equivalente seguridad y eficacia terapéutica esperada que otro medicamento de referencia. Pero la certificación de bioequivalencia no impide, per se, que dos o más medicamentos con los mismos efectos terapéuticos esperados se vendan a precios muy diferentes, según su marca comercial. ¿Por qué el consumidor estaría dispuesto a pagar más por un medicamento que tiene los mismos efectos esperados que otro más barato? Mientras el ISP certifica bioequivalencia entre productos sustituibles, hay doctores que aún prescriben medicamentos con marca comercial, sin indicar en la receta el nombre genérico (DCI) del principio activo involucrado. Los beneficios del SNRE no se agotan en el uso obligatorio de la DCI. Debiera también ayudar a identificar otras malas prácticas, como prescripciones en exceso.

Las licencias médicas electrónicas son otro gran éxito de digitalización. Su registro digital permitió descubrir graves abusos con cuantioso perjuicio fiscal (efecto Dorothy). Para replicar este logro en la regulación de e-recetas para fármacos (hoy bajo consulta pública), se debe mantener (i) la obligatoriedad de usar e-recetas para recetas retenidas y cheque (estas últimas, para estupefacientes adictivos) y (ii) la exigencia de interoperatividad entre el SNRE y otras plataformas privadas para prescribir e-recetas para fármacos. Hay progresos valiosos que ocurren de forma gradual y silenciosa. En el caso de las e-recetas en Chile, pronto debiéramos comenzar a ver sus efectos positivos.

Por Julio Peña Torres y Bastian Mundt, investigadores Clapes UC