Diciembre siempre ha sido un mes para proyectar el país que queremos. Este año, en la antesala de una nueva elección presidencial, vale la pena detenerse en un punto que rara vez aparece en los debates, aunque influye de manera decisiva en nuestro desarrollo: la capacidad de ejecutar.

En ingeniería y en la gestión de proyectos complejos existe una regla sencilla que conviene recordar: las ideas no mueven la aguja; lo hace la ejecución. Un buen diseño pierde valor cuando los plazos se dilatan, cuando las autorizaciones no llegan o cuando las instituciones no logran coordinarse.

Hoy tenemos inversiones que esperan permisos durante años. Infraestructura que se posterga por falta de decisión, por demoras en los diseños o por un exceso de trámites. Sistemas que no conversan entre sí. Proyectos estratégicos trabados por vacíos regulatorios. Organismos públicos que operan con procesos que no se han actualizado en décadas. No es una discusión ideológica: es un problema de gestión.

Durante décadas, Chile destacó por su capacidad de planificar y concretar obras de calidad —desde carreteras y puertos hasta infraestructura energética y sanitaria—. Ese capital técnico permitió sostener el crecimiento. Sin embargo, la acumulación de nuevas normas, la dispersión institucional, los incentivos desalineados y la creciente rotación de equipos públicos han configurado un ecosistema que ya no privilegia el hacer.

Recuperar nuestra capacidad de ejecutar no exige grandes transformaciones. Exige algo más simple, aunque menos vistoso: ordenar, planificar, estandarizar y medir. La ingeniería puede aportar mucho en este esfuerzo con: estándares claros y estables para los permisos sectoriales; sistemas de información interoperables que reduzcan tiempos muertos; evaluación de proyectos basada en métricas y riesgos, más que en intuiciones; equipos públicos con continuidad, formación técnica y autonomía para decidir; y metodologías de gestión que entreguen certezas a la ciudadanía y a las empresas.

Además, es fundamental asegurar una transición de gobierno ordenada y planificada con tiempo: primero entre las autoridades actuales y las entrantes, y luego entre los equipos técnicos. Ese proceso es clave para un traspaso eficiente y para no perder conocimiento acumulado.

El próximo gobierno recibirá un país con un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar y transformar las ideas en acciones concretas. La reactivación económica dependerá tanto del crecimiento como de la capacidad del Estado para destrabar proyectos. La productividad se jugará en la eficiencia institucional. Y la confianza se reconstruirá desde la estabilidad jurídica y la certeza regulatoria.

Chile no puede seguir perdiendo tiempo. Recuperar la capacidad de ejecutar es una tarea urgente, y también la condición habilitante para que cualquier proyecto —público o privado— pueda transformarse en realidad.

*El autor de la columna es profesor titular de de Ingeniería UC, miembro de Clapes UC y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile