El cambio de gobierno en Chile ocurre en un momento de máxima exigencia institucional. A la crisis de seguridad que sacude al país y al estancamiento económico que frena su desarrollo, se suma una dimensión menos visible pero igualmente corrosiva: el deterioro del sistema político, cuya arquitectura muestra signos inequívocos de obsolescencia funcional. El Congreso, fragmentado e inestable, se ha convertido en un terreno donde la gobernabilidad se extravía, y donde las urgencias sociales se pierden en la maraña de intereses parciales y cálculos de corto plazo.

En este contexto, ningún programa presidencial será exitoso sin un Congreso que colabore con el Ejecutivo y se alinee con el bien común. Y eso, a estas alturas, ya no es solo una cuestión de voluntad política, sino de rediseño institucional. La reforma al sistema político debe dejar de ser una promesa postergada o una agenda técnica confinada a comisiones legislativas; debe ser el eje estratégico de cualquier intento serio por reencauzar la democracia chilena hacia un horizonte de eficacia, legitimidad y cohesión.

El reciente informe publicado por Clapes UC es claro en su diagnóstico: el paso del binominalismo al sistema proporcional inclusivo amplió la representación, pero a costa de una fragmentación que ha vaciado al Congreso de su capacidad para construir mayorías estables y sostener acuerdos programáticos duraderos. A ello se suma la desinstitucionalización de los partidos, el debilitamiento del vínculo representativo y una ciudadanía cada vez más distante y desconfiada del sistema político.

La combinación de un sistema electoral con baja exigencia de apoyo ciudadano, un régimen de partidos sin disciplina interna y un financiamiento público que ha incentivado la proliferación de pymes políticas ha generado un ecosistema parlamentario difícil de gobernar. El resultado no es solo ineficiencia legislativa, sino una democracia crecientemente inoperante para procesar las demandas sociales.

En el informe lo planteamos sin ambages: los proyectos actualmente en tramitación legislativa —centrados en reducir el número de diputados, elevar umbrales electorales o disciplinar a los tránsfugas— son parches valiosos pero insuficientes. Sin una visión sistémica que articule representación, eficacia legislativa y fortalecimiento institucional, seguirán siendo respuestas fragmentarias a una crisis estructural.

El nuevo gobierno tiene, por tanto, una oportunidad histórica. No se trata solo de tramitar leyes, sino de liderar un proceso de reconfiguración institucional que recupere la capacidad de la política para ordenar el conflicto social, articular mayorías y proyectar un horizonte común. El país no puede seguir operando con un Congreso fragmentado que actúa como un archipiélago de intereses desconectados. Tampoco con partidos políticos cuya desconexión con la ciudadanía es tan profunda que apenas alcanzan un 3% de aprobación.

Chile requiere una reforma que rediseñe su sistema político desde una comprensión integral de la crisis: reforzar los partidos con exigencias programáticas reales, fortalecer los incentivos para formar coaliciones duraderas, restablecer el vínculo entre representación y rendición de cuentas, y establecer un marco de cooperación interinstitucional capaz de sostener la gobernabilidad democrática.

El momento es ahora. La democracia chilena no puede seguir resistiendo sobre instituciones que ya no funcionan. El nuevo ciclo político debe entender que, sin una base institucional reformada, ninguna otra política pública —por sensata o urgente que sea— logrará sostenerse en el tiempo. Esta vez, el futuro de la democracia chilena depende de una reforma política que no puede volver a postergarse.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC