“Mi sueño, es que cuando terminemos nuestro mandato (...) sintamos que hay un país que nos protege, que nos acoge, que nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia”, esas fueron las palabras del Presidente Gabriel Boric al asumir su mandato. Después de casi cuatro años especialmente agitados, marcados por cambios en Chile y el mundo, lo cierto es que el Presidente y su gobierno tienen hasta el 11 de marzo de 2026 para seguir respondiendo a sus compromisos y, por sobre todo, a las necesidades del país.

El gobierno de coalición del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, debió cumplir su programa sin dejar de responder a las urgencias del país (alta inflación, una economía golpeada por la pandemia y agotada por su diseño estructural, y la crisis de seguridad), sin renunciar a sus ideas. Así, logró cumplir el 62,7% de su programa (Rumbo Colectivo, 2025), materializando un aumento histórico del sueldo mínimo, la reforma al sistema de pensiones, Copago Cero en Fonasa y el royalty minero, entre otros avances.

Junto a ello, impulsó y aprobó la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad (Chile 21, 2025) y aumentó sostenidamente el presupuesto en esta materia, un 15,4% este año y se espera que aumente cerca del 16,7% para el 2026 (Gobierno de Chile, 2025). Como resultado, descendió la migración irregular en un 45% (Observatorio de Datos UAI, 2025) y consolidó la baja en la tasa de homicidios (Subsecretaría de Seguridad Pública, 2025).

Ahora, ¿cómo cerrar el periodo en materia legislativa? Si bien existen muchos proyectos importantes en tramitación, a ojos de quién escribe, hay tres reformas en tramitación que significarían un avance para Chile y la ciudadanía.

En primer lugar, la reforma a la Nueva Educación Pública (Boletín Nº16.705-04) busca resolver los desafíos constatados por el Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública para fortalecer el sistema y sus logros (lejos de la narrativa de crisis promovida por algunos sectores políticos, el Consejo recomienda seguir la implementación de la NEP). Considerando los pocos esfuerzos de los ministros/as de educación por reforzar la educación pública en el último gobierno de derecha, es vital que esta administración fortalezca el sistema que ya cuenta con 24 Servicios Locales en régimen, dando continuidad y a su Consejo Evaluador, creando un Comité de Ministros para coordinar servicios y reforzando las atribuciones de la Dirección de Educación Pública con el fin de apoyar a los Servicios Locales, entre otros cambios a la ley.

En segundo lugar, Chile necesita avanzar en la inserción laboral de la mujer y la corresponsabilidad en el cuidado de la infancia. En esta línea, el proyecto de Sala Cuna Universal (Boletín Nº14782-13) es clave, ya que elimina la discriminación que encarece la contratación de mujeres, transformando el derecho en uno individual, independiente del género o tamaño de la empresa, y lo sustenta con un fondo de financiamiento mixto entre empleadores y el Estado.

Por último, el combate del crimen organizado requiere de un Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín N°15975-25) que articule a la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas en una plataforma para prevenir y detectar ilícitos económicos complejos. El proyecto aspira a ser un sistema autónomo con un robusto estatuto de protección de datos, permitiendo el análisis financiero preventivo que responda requerimientos específicos del Ministerio Público, fortaleciendo las capacidades del Estado para desarticular las redes criminales desde su base económica.

La aprobación de estos proyectos sin duda construyen un mejor país.

Por Óscar Pereira M., Encargado de Proyectos de Rumbo Colectivo