Rol de la oposición en reformas clave



Hay una parte de la oposición política al gobierno que rechaza la evolución económica social y política de Chile en décadas recientes, y aboga decididamente por una refundación profunda de la institucionalidad chilena para impulsar fórmulas colectivistas. Pero otros, en esa oposición, entienden la conveniencia para el país de mejorar su democracia de instituciones, su economía libre, y sus políticas públicas. Por consideraciones tácticas, sin embargo, esta parte de la oposición política, que sí valora la institucionalidad del país, no logra explicitar una visión autónoma, asentada en sus propias convicciones, desde la cual involucrarse proactivamente en la gestión de los asuntos públicos.

Privilegiando la necesidad de contener los avances de la izquierda más extrema, y descuidando el centro político, se mantiene, por ahora, haciendo causa común con todos los sectores que unió la segunda vuelta en la última elección presidencial, en lo que básicamente es una oposición muy cerrada al gobierno, con un discurso con fuertes sesgos "refundacionales".

Por cierto, no todos los elementos en la oposición que valora la institucionalidad chilena están cerrados a la posibilidad de participar constructivamente en la gestión de los asuntos públicos. Un notable ejemplo es la participación de autoridades muy relevantes de la antigua Concertación en la elaboración de un diagnóstico de requerimientos del país para llegar a su desarrollo integral, donde se consensuaron visiones para avanzar en el perfeccionamiento de las instituciones del país. Pero lo que predomina -entre legisladores de oposición y los técnicos de la reciente administración Bachelet- es la reticencia a validar con su participación la orientación que el gobierno busca imprimir a las reformas que es más urgente abordar.

Esto es muy inconveniente para el país. En ese posicionamiento táctico, se presta legitimidad a propuestas y conceptos muy dañinos para el bienestar de los chilenos. Así, se rechaza la propuesta de reforma previsional del gobierno por no recoger la animosidad de algunos sectores contra las AFP, a pesar de que se reconoce "técnicamente" que estas administradoras han invertido en forma segura y exitosa; o por no incorporar elementos de "reparto", esto es, financiar el refuerzo al pilar solidario que propone el Ejecutivo con impuestos al trabajo, algo que conduciría a un deterioro grave del mercado laboral. También, en el campo tributario, la oposición parece dispuesta a subordinar cualquier consideración relativa al crecimiento, o a la equidad tributaria, a su rechazo a rebajar impuestos "al 1% más rico".

El país requiere una reforma tributaria, una previsional y una laboral, con una orientación en línea con el mandato democrático y procrecimiento expresado en las urnas. Dentro del amplio rango de lo consistente con dicho mandato -que supone preservar un régimen de incentivos que potencie la inversión en capital físico y humano, el ahorro y el esfuerzo laboral- hay aportes fundamentales que podría hacer una oposición constructiva. Postergar ese aporte está limitando las posibilidades del país, que requiere despejar dudas sobre el futuro de sus instituciones para retomar su ritmo de progreso.

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