“Acátese, pero no se cumpla” era una fórmula administrativa del derecho castellano antiguo, en virtud de la cual se facultaba al receptor para representar al rey que alguna cédula real no se ajustaba a derecho o presentaba algún defecto formal, suspendiendo sus efectos. En la Colonia esta fórmula mutó en un mecanismo por el cual -con educada hipocresía- los representantes de la corona en América Latina, reconocían en apariencia la autoridad real, pero en la práctica no cumplían sus decretos.

Esta práctica parece haber encontrado un espacio en la actualidad, y explica lo que ocurre con las tomas ilegales: la justicia ordena la restitución de las tierras a sus legítimos dueños y el gobierno aparenta conformarse, pero no lo hace.

En mayo de 2020, un sicario asesinó a Alejandro Correa cuando salía de su casa en Concón. El asesinato fue un acto de represalia porque el empresario había denunciado a la justicia la toma ilegal de un terreno de su propiedad en Quilpué. Cinco años después, la familia ha obtenido todo tipo de declaraciones judiciales y administrativas, ordenando el desalojo y la demolición de las edificaciones que existen en la toma. La orden todavía no se ha cumplido y, para añadir injuria al agravio, el Serviu declaró que la responsabilidad de tramitar y gestionar el desalojo corresponde a la familia.

El caso está lejos de ser único. Se repite en San Antonio -donde se acaba de anunciar una nueva prórroga al desalojo ordenado por la Corte Suprema-, y a lo largo de todo Chile: a febrero de 2025 existían 52 tomas con orden de desalojo pendiente. Por cierto, esto es sintomático del fracaso mayor de nuestra política habitacional, que se ha traduce en que actualmente existen 1.472 campamentos en Chile, donde viven más de 120.000 familias. Una brutalidad, que por cierto esconde realidades complejas y heterogéneas, donde se entremezclan mafias y narcotráfico, con familias humildes que buscan una solución habitacional, apremiadas por el alza de los precios de los terrenos y los arriendos.

Esta apremiante realidad habitacional se usa como excusa para no cumplir con la ley. Pero el remedio es peor que la enfermedad.

Desde luego, que el Estado se resista a cumplir con la ley y los dictámenes de la justicia erosiona gravemente la confianza en las vías institucionales. La toma violenta o clandestina de terrenos constituye un delito sancionado en el Código Penal, el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución, y su ilegalidad y desalojo han sido declaradas por los tribunales de justicia. Es difícil pensar en un mandato institucional con más fuerza, y sin embargo, nada de ello basta para que los ciudadanos obtengan la protección efectiva de los derechos sobre su propiedad.

Esto es caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de discursos políticos autocráticos y propuestas simplonas, que invitan a vivir bajo estado general de emergencia. El rol fundamental que justifica la existencia del Estado, y que es la base sobre la cual se puede construir políticas sociales y tendientes al bien común, radica en asegurar la seguridad exterior de la nación y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza internamente, evitando que prime la ley del más fuerte. Cuando el Estado decide no cumplir la ley ni ejecutar las decisiones de los tribunales de justicia, renuncia a su función más esencial, y comunica a todos los ciudadanos que, al igual que la familia Correa, están solos y deben satisfacer sus necesidades por sí mismos.

Pero por sobre todo, es una abdicación del Estado a ejercer soberanía, y que privatiza la vida común: los propietarios de un terreno tomado deben resolver por sí solos el desalojo, las familias humildes y honestas que buscan una solución habitacional, deben encontrar por sí solos un lugar donde instalarse. Los terrenos tomados dejan de ser territorio ocupado por el Estado y quedan entregados al más fuerte, física o económicamente hablando. La política pública por “manu militari”

“Se acata, pero no se cumple” resume la actitud de la autoridad respecto de las tomas ilegales. Paradójicamente, lo que originalmente era una forma proteger a los ciudadanos de disposiciones injustas, hoy se utiliza para dejarlos bajo el más grave desamparo: porque tan grave como abusar del poder es renunciar a ejercerlo del todo. Con la agravante de que esta última fórmula es también síntoma de rendición.

Por Diego Navarrete, abogado