Sebastián Piñera y FF.AA.: cuando el Ejército es el prudente

"Necesitamos de manera urgente recuperar la confianza entre el poder civil y las instituciones militares y policiales, partiendo porque el gobierno ponga fin a su obsesión por instrumentalizar todo con tal de obtener triunfos y proteger su orden político".



“Soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”. Aseguró el general del Ejército Javier Iturriaga para desmarcarse del Presidente Sebastián Piñera cuando en noviembre del 2019 aseguró que estábamos “en guerra contra un enemigo poderoso”. El grito de guerra del Mandatario fue el preámbulo del deterioro en la relación del Ejecutivo y las FF.AA. Esto llegó a tal punto y desconfianza, que los generales terminaron siendo acompañados por abogados a las reuniones con el gobierno para protegerse de la peligrosa creatividad que nace tras la pérdida de control.

Si bien la entrevista de Cristián Barra parecía más la pataleta de un joven sobreideologizado de ultraderecha, reflejó el sentir de gran parte del gobierno. Frustrados porque no todas las instituciones de seguridad seguían sus órdenes para enfrentar su guerra de enemigos internos y caprichos políticos, serían capaces, incluso, de demandar obediencia a las FF.AA. usando la prensa. Lo que quedó en evidencia fue una profunda crisis de gobernabilidad.

Pero la salida (del cargo y no del gobierno) del multifacético operador estrella de Piñera funcionó a la perfección. Lo quemaron como un fusible para no afectar la vida de la máquina. Así, la estrategia de control desproporcionado y militarización de territorios, a pesar de señales de prudencia que incluso vienen del mundo militar, se sigue profundizando como forma de mantener el poco poder necesario para navegar hasta el fin del mandato.

Esta obsesión es peligrosa. Lo que se está fraguando es una crisis de proporciones, y lo que está en juego no es solo la paz social, sino la credibilidad y legitimidad de instituciones tan fundamentales como son las policías y las FF.AA. Estas últimas, a diferencia de Carabineros, se han mantenido relativamente intactas y al margen de la pérdida de legitimidad generada por el abuso y el errático manejo de la seguridad.

Mientras el balance del INDH a un año del estallido social muestra que de las 2.520 querellas por violaciones a DD.HH. presentadas, 2.340 fueron dirigidas contra Carabineros, solo 97 fueron contra el Ejército. Más allá de las cifras, estas han jugado un rol cauteloso y pragmático, demostrando la astucia de una institución que aprendió de sus errores y entendió lo que les costó recuperar parte de la credibilidad luego que desde su seno naciera la tiranía militar más violenta que ha vivido Chile. Fue durante el gobierno de Lagos que el poder político reclamó control sobre los militares y tras un proceso doloroso para ellos lograron entender el rol que debían jugar en democracia. No sería ahora el momento de perder todo lo ganado.

Pero independiente de que tengan la razón. Las consecuencias de este desgobierno hablan de un nivel de independencia por parte de las FF.AA. que puede llegar a ser complejo. Por esto mismo, estamos obligados a repensar la eficiencia de los canales de mando y control civil sobre las fuerzas de seguridad. Para que esto suceda, necesitamos de manera urgente recuperar la confianza entre el poder civil y las instituciones militares y policiales, partiendo porque el gobierno ponga fin a su obsesión por instrumentalizar todo con tal de obtener triunfos y proteger su orden político.

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