El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que la captura del expresidente peruano Pedro Castillo fue “arbitraria”, por lo que debería ser puesto “inmediatamente en libertad” y ofrecerle una indemnización, junto con investigar las irregularidades detectadas durante el proceso.

El exmandatario, que estuvo en la Casa de Pizarro entre 2021 y 2022, actualmente cumple una condena a 11 años y cuatro meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, como consignó la agencia EFE.

En un informe con fecha del 4 de junio, pero que fue dado a conocer este jueves por el portal de investigación peruano El Foco, el GTDA señaló que la detención de Castillo contravino artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“El Grupo de Trabajo pide al gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación”, señala en su documento el grupo, considerando que “el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

También instó al Ejecutivo peruano “a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” del ex jefe de Estado y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Como consignó El País, los especialistas independientes sostienen que la captura no cumplió con la legislación peruana y argumentan que un presidente en ejercicio no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, trámite que se completó cinco días después.

De la misma forma, cuestionan que la orden de detención fuera emitida por el Ministerio Público, al considerar que esa institución no constituye una autoridad judicial independiente.

El informe del GTDA añade que Castillo no fue notificado oportunamente para ejercer su defensa antes de la vacancia por incapacidad moral permanente y que, durante la audiencia de prisión preventiva del 15 de diciembre de 2022, terminó representado por un defensor público designado sin su consentimiento y sin tiempo suficiente para revisar el expediente.

Tras su detención a fines de 2022 y que fuera juzgado el 27 de noviembre de 2025 y condenado, la defensa del exgobernante ha presentado seis pedidos de indulto, que han sido rechazados con el argumento de que el proceso sigue en marcha porque fue apelado ante tribunales superiores, de acuerdo a EFE.

Este martes, de acuerdo a la agencia, el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, insistió en que debe tener un sustento jurídico constitucional para otorgar una gracia presidencial, aunque agregó que esperará “a ver lo que pide o no pide el expresidente de la República”.

Por su parte, el ministro de Justicia peruano, Luis Jiménez, informó que el pasado 25 de junio ingresó “una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales” y que “seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del ministerio”.