Por Juan Ignacio Brito, periodista
El gobierno envió el proyecto para realizar las elecciones en dos días. Aparte de la improvisación que refleja una medida que ingresa al Congreso apenas 40 días antes del 11 de abril, se trata de una iniciativa que podría poner en riesgo una de las pocas cosas sobre las que existen certezas en Chile: el resultado de los actos electorales.
La excepcionalidad de los comicios no está en duda. Se celebrarán cuatro elecciones distintas, con un número inusitado de candidatos y en medio de una pandemia.
Era obvio que había que hacer algo para enfrentar esta compleja novedad. No lo es que la mejor solución sea la escogida. Había otras opciones: aumentar el número de mesas y centros de votación o postergar la elección de alcaldes y concejales para que coincidiera con la segunda ronda de los comicios para gobernadores regionales.
Hay riesgos. El más evidente es que se intervengan las urnas, que deberán pasar la noche en los lugares de votación. Aunque el gobierno ha propuesto un sello especial para evitar cualquier violación, el solo hecho de que las urnas queden expuestas supone un peligro inédito. Además, hay otros materiales que podrían ser manipulados de manera dolosa, como el libro de registro o los sufragios sin usar, lo cual multiplica la amenaza.
En un país que no fue capaz de garantizar la seguridad de la PSU, no parece descartable que se registren actos violentos que pongan en peligro las urnas. Más todavía en sitios donde el Estado no tiene capacidad de resguardo, como ocurre en ciertas poblaciones o en el sur. Se está entregando una oportunidad a grupos antisistema que operan con impunidad en diversos puntos del territorio. Que los lugares de votación sean protegidos por militares no constituye tampoco hoy una garantía (menos aún la custodia de funcionarios del Servel y de apoderados inscritos por los partidos), pues se trata de colectivos que no han podido ser controlados ni siquiera en el estado de excepción en el que estamos.
Por último, si se cumplen las proyecciones de varios expertos electorales, el resultado (especialmente el de los constituyentes) dejará insatisfecho a sectores de izquierda extrema, algunos de los cuales podrían tratar de instalar dudas acerca de la legitimidad y validez de un proceso en el cual las urnas pasarán una noche bajo custodia. Esto generaría un clima apto para “rodear la convención” y presionar a los constituyentes.
A diferencia de lo que sucede en otros países, en Chile nadie cuestiona los resultados electorales. En tiempos en que reina la desconfianza, este es un activo que no es prudente arriesgar. En lugar de aplicar a última hora innovaciones de dudosa conveniencia, sería más razonable adherir a esa vieja máxima que dice que si algo no está roto, es mejor no arreglarlo.
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