En una reciente entrevista, la ministra Secretaria General de Gobierno se ha referido a la polémica desatada por la instalación de un cable submarino que uniría a China con Chile y que originó la decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocar las visas de tres funcionarios chilenos, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, invocando problemas de seguridad.

La ministra ha afirmado que “a diferencia de lo que señala el embajador de Estados Unidos, tenemos una institucionalidad, tenemos una legislación, y somos soberanos para tomar nuestras decisiones, recogiendo los antecedentes que nuestra institucionalidad tiene”. Estos dichos requieren ser necesariamente matizados.

Desde luego, parece que la secretaria de Estado ha tenido en mente uno de los propósitos de la Carta de la ONU que llama a respetar los principios de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Sin embargo, la lógica de las relaciones de poder que imperan en la comunidad internacional dista mucho de garantizar esa igualdad. La libre determinación de los Estados, por su parte, ha sido revisada por la propia ONU desde que, en la Cumbre Mundial del año 2005, adoptó el principio de la responsabilidad de proteger respecto de poblaciones amenazadas por diversas formas de violencia y persecución como el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Todo ello va demostrando que el clásico principio de soberanía, como cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse, ha experimentando una clara erosión. Es claro que a la comunidad internacional no le resultan indiferentes ciertas prácticas de los Estados que van en contra de la protección de intereses globales como los que se asocian a la seguridad, la paz, la preservación del medio ambiente, la protección al medio ambiente y el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Desde el punto de vista económico, conviene recordar que el proceso de globalización en que nos encontramos insertos ha invertido la relación entre política y mercado, de modo que, actualmente, son las decisiones económicas las que condicionan parte importante de las medidas políticas que adoptan los Estados reduciendo sus márgenes de soberanía. Sin ir más lejos, acababa de difundirse la decisión del gobierno del Ecuador de subir los aranceles a Colombia invocando razones de seguridad nacional vinculadas al narcotráfico.

Estas consideraciones llevan a sostener que hoy no es posible invocar la soberanía sin matices para justificar decisiones que pueden tener una evidente repercusión sobre intereses que a todos nos interesa cautelar. Más bien, el realismo y la prudencia aconsejan que las decisiones de esta naturaleza deben adoptarse teniendo en cuenta su impacto en los intereses globales. Y ello debe hacerse “ex ante”, esto es, previo a que las decisiones se materialicen para evitar resentir las relaciones con los demás Estados con los que nos interesa convivir armónicamente.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD