Tarjeta amarilla para la Convención

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Por Juan Ignacio Brito, periodista

Es posible que la consecuencia de más largo plazo del resultado electoral del domingo sea el mensaje que el electorado le ha enviado a la Convención Constitucional. Al otorgarle una importante votación al candidato que encarna “la ley y el orden” y, sobre todo, elegir un Congreso que no abonará las tesis refundacionales, los votantes certificaron el cambio de ánimo que hoy los inspira.

No hay duda de que al menos una porción de esa nueva actitud es consecuencia directa de la manera en que se han comportado hasta ahora la Convención y varios de sus liderazgos principales desde que asumieron en julio. La lista de excesos es larga y variada. Incluye desde la selectividad de Elisa Loncon para hacer homenajes por las víctimas de la violencia hasta el desaguisado mayúsculo que protagonizó Rodrigo Rojas Vade. El protagonismo que han alcanzado las cabezas calientes en la Convención ayudó no solo a desprestigiarla, sino que también llevó al soberano a tomar conciencia de que resulta necesario corregir el rumbo. Los votantes siguen aspirando a cambios sustantivos, pero entienden que resulta improbable que estos se produzcan en ausencia de un ambiente pacífico y seguro que permita hacer las reformas.

Gane quien gane el 19 de diciembre, la conformación del Congreso que asumirá en marzo aleja dos posibilidades que habían surgido recientemente: la convocatoria a los plebiscitos dirimentes y la extensión del plazo más allá del máximo de un año establecido en la reforma constitucional que dio origen al proceso.

La Convención debería darse por notificada de esta nueva realidad, ceñirse a los límites fijados por la Constitución y producir un texto razonable. Para ello, es necesario que pierdan influencia los grupos radicales que la pueblan y que asomen la cabeza los sectores sensatos. Si, en cambio, una mayoría imprudente insiste en seguir el rumbo refundacional que inspira a muchos de los integrantes de la Convención, crece el riesgo de echar por la borda todo el proceso e, incluso, de que triunfe la opción rechazo en el plebiscito de salida.

Propuestas como clausurar el Senado e instaurar un Congreso unicameral o acortar el período presidencial de quien asuma en marzo (en especial si es José Antonio Kast) solo añadirían polémica y harían de la campaña plebiscitaria una cuestión contingente e imprevisible. Si la Convención pretende cumplir con la tarea que tiene por delante, más le vale actuar con sentido común y realismo, neutralizando a sus miembros más radicales. La elección de la directiva que encabezará el proceso a partir de enero será una buena oportunidad para descubrir si la Convención entendió el mensaje de las urnas o si decide caminar por una senda peligrosa para sus propios intereses y frustrante para el país.

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