No se trata de situaciones que hayan ocurrido de vez en cuando y excepcionales en un aparato complejo como es el Estado, en que trabajan cientos de miles de empleados directos, a honorarios, contratistas particulares y empresas públicas. Desde el inicio de este gobierno, la apropiación o desvío de enormes cantidades de recursos públicos ha sido una constante, del mismo modo que lo ha sido el silencio, la indiferencia o la displicencia de las autoridades, salvo, por cierto, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Puesto que se trata de conductas que comparten esos elementos -distracción de dinero en círculos cercanos al gobierno y desidia de la autoridad frente a los mismos-, es razonable preguntarse si estamos simplemente frente a unos sujetos rapaces y astutos con distintos rostros o, al contrario, se trata de un esquema político defraudatorio. En otros términos, la pregunta es si lo ocurrido es simplemente haberse aprovechado de funcionarios torpes e ineptos, o, como pensamos, entre los hechores y algunas autoridades hay un vínculo en que estas maniobras hasta cierto punto son admisibles y, de no haber sido denunciados o descubiertos, permanecerían impunes.

Un ejemplo no tan antiguo es revelador. Entre los años 2016 y 2017 -en pleno gobierno de Michelle Bachelet-, el Partido Comunista vendió cerca de 100 inmuebles a un testaferro sin capacidad económica y, por cierto, de la misma tienda, con el objeto de evadir la nueva ley que reguló el patrimonio de los partidos políticos. Además, el precio fue vil. No obstante que la interposición de personas, en Chile, fuera de ser un contrato simulado es un delito asociado al lavado de activos o evasión tributaria, y a pesar de lo evidente que resultaba la burla de la ley, el gobierno se mantuvo impávido, no existió investigación del Servicio de Impuestos Internos y el asunto pasó al olvido como en tantos otros casos. Evidentemente, hoy está prescrita cualquier acción penal o administrativa. Más adelante lo siguieron Caval, el caso OAS, y un largo etcétera. El gobierno de Boric, sin embargo, ha sido el más provechoso para redituar ilícitamente a costa del Estado, en algunos casos, eso sí, por desgracia, con tintes rufianescos y de maldad con gente muy afectada, como el que acaba de descubrirse en relación a la tragedia por el incendio de Viña del Mar. Pregúntese: ¿Participaron autoridades en los hechos? ¿Resultaron beneficiados testaferros afines al gobierno?

Una explicación, simple e insuficiente, es que ha habido muchos sinvergüenzas en esta administración al acecho de oportunidades. Otra, a nuestro juicio más probable, es que mientras los fondos rapiñados de estas formas ilícitas se obtienen dentro de la órbita de los correligionarios políticos, los innumerables casos de apropiación de recursos públicos responden a un esquema político defraudatorio y no meras situaciones aisladas. Ya en el ocaso del gobierno, puede pensarse que este es su sello. Ojalá inolvidable.

Por Álvaro Ortúzar, abogado