Hace pocos días se cumplieron 20 años de la promulgación de la Reforma Constitucional de 2005, un hecho que resultó ser un punto de inflexión en nuestra historia jurídica.

La Constitución de 1980 había nacido cuestionada por quienes reparaban que esta carecía de legitimidad democrática, por su origen y contenido. Sucesivos cambios que se iniciaron en 1989 y que continuaron bajo los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, no consiguieron cambiar ese juicio pues, no obstante estar vigente y organizar el funcionamiento del Estado, subsistían los “enclaves autoritarios”.

Un grupo de senadores (de los que fui parte), primero de oposición y luego oficialistas, en julio de 2000, presentamos sendos proyectos de reformas integrales a la Constitución del 80. Convinimos en iniciar su estudio conjunto en el Senado, al que se sumó el gobierno de Ricardo Lagos, con la participación de su ministro del Interior, José Miguel Insulza. Este esfuerzo laborioso fructificó, lográndose un acuerdo que zanjó las diferencias de dos décadas, reformulando el texto en términos indiscutiblemente democráticos. El propio Presidente Lagos lo confirmará al promulgar la ley diciendo que “por fin tenemos una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile”.

Pensaba entonces que la transición había concluido y que el texto constitucional se convertía en una norma legitimada tanto por el ejercicio soberano de los poderes públicos elegidos, como por instituir un Estado de Derecho democrático. No fue así.

El cuestionamiento no cesó y muchos continuaron erosionando su legitimidad, logrando que, en noviembre de 2019, luego del estallido de semanas antes y a modo de concordia para solucionar el conflicto, se convocara a una asamblea constituyente.

Conocemos la historia. No hubo uno, sino dos de tales procesos que fracasaron estrepitosamente, lo que significó algo impredecible: consagrar sin más debate la validez de la Constitución reformada en vigor, la que seguirá rigiendo con pleno imperio.

Quedan lecciones. La primera es que se acaban los intentos refundacionales, dejando con ello en forma impensada un legado puro y duro del Presidente Boric. Se pone fin a las aventuras constituyentes y a esa incómoda sensación de vivir en una institucionalidad entre paréntesis. Todo cambio deberá seguir la vía de las reformas.

En seguida, queda en evidencia que una constitución, por su carácter de norma fundamental, no es algo que un grupo, por mayoritario que sea, pueda imponer al resto. Ese espíritu es contrario al sentido originario de tal regla en cuanto espacio común, que regula el poder, cobija la libertad y ordena nuestros vínculos, configurando así una nación con destino universal.

Finalmente, esta experiencia vuelve a poner en escena la impostergable necesidad de enfrentar los grandes desafíos patrios con unidad y entendimiento, como única manera de resolver las crisis con perspectiva duradera. Como hace 20 años, cuando una modificación legislativa instaló la columna vertebral del constitucionalismo chileno actual.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario