Una ley de migración con sentido de realidad

Esta columna fue escrita junto a Pablo Valenzuela.

Migrar es parte de la naturaleza del ser humano. La posibilidad de moverse en búsqueda de mejores tierras y lugares más seguros es lo que nos ha mantenido como especie y nos ha permitido desarrollar esta y cada una de las civilizaciones que acumulamos en nuestra historia. La migración es y ha sido un motor central para el desarrollo social y económico de todos los países (en su variante interna como internacional). Pese a ello se ha instalado un discurso contrario a estos movimientos y contrario a los migrantes, que se ancla en visiones ultranacionalistas con herencias coloniales en su versión más racista, que busca culpar a los migrantes de los problemas que derivan de un modelo económico cuyos límites comenzamos a enfrentar.

Estos discursos quieren reducir drásticamente los flujos migratorios, imaginando que se puede cerrar o abrir la puerta para definir quien ingresa y quien no, y pretenden además condicionar o reducir sus derechos. Estas ideas comienzan a desplegarse en una región caracterizada históricamente por acoger e integrar a migrantes provenientes de distintos lugares del mundo, sin excepción ni condiciones. Chile comenzó a liderar este giro cuando cerró la puerta a la migración dominicana y haitiana (sin otra razón que el color de piel y provenir de países menos desarrollados), cuando estableció a comienzos de 2018 una serie de visas que no han funcionado (de responsabilidad democrática para los venezolanos, de turismo para los haitianos y visa temporaria de oportunidades), ya que ninguna de ellas logra canalizar los flujos actuales de migración, y al restarse del Pacto Global. El último instrumento que busca sellar este giro hacía una política más restrictiva, es el artículo que busca impedir el cambio de estatus migratorio de turista a residente temporal en el actual proyecto de Ley y que busca ser aprobado a partir de un acuerdo con algunos parlamentarios demócrata cristianos.

El gobierno actual logró instalar la idea de que esta posibilidad es un engaño al sistema porque quienes ingresan como turistas en el fondo lo hacen mintiendo debido a que esconden su real interés en quedarse. La ley de extranjería actual contempla ese cambio de categoría e incluso, faculta para autorizar al turista a trabajar. El sistema ha funcionado de esta manera desde hace más de 40 años, por lo que la teoría del engaño no es aplicable. Es importante señalar además que todos los países de América Latina actualmente permiten el cambio de estatus migratorio. Es más, en América del Sur todos quienes migren y sean provenientes de esta misma región, ingresan como turistas y luego solicitan una residencia amparados en el Acuerdo de Mercosur donde la mayor parte de las veces no se les pide más allá que demostrar su interés por establecerse en el país receptor. En Chile el problema ha sido de índole administrativo y no legal. El problema es el tiempo que toma este cambio de estatus (con las consabidas colas en Extranjería), y no la posibilidad de hacerlo.

Ahora bien, otros países como Canadá, Australia o los países del acuerdo de Schengen, establecen que la solicitud para migrar debe hacerse desde el país de origen. La diferencia entre el proyecto de ley del Presidente Piñera y esos casos son varias. La legislación de Canadá por ejemplo, permite tres categorías de ingreso (refugiado, reunificación familiar y migrante laboral) y establece una institucionalidad que apunta a la inclusión de los migrantes, basado en el reconocimiento constitucional de un modelo multicultural (algo en que Chile estamos lejos de tener). Por lo demás Canadá tiene una población migrante que representa el 21,9% de su población, lejos de nuestro 4%, se encuentra en otra etapa de desarrollo con USD 47.000 de PIB per cápita y una ubicación geográfica completamente distinta a la nuestra.  En el caso de Europa, la migración intraeuropea es el segundo corredor más grande del mundo (después de México-Estados Unidos), por lo que la disponibilidad de trabajadores es cubierta en gran parte por los propios europeos que se mueven de norte a sur, de este a oeste con total libertad (en Chile estaríamos renunciando a contar con migrantes que puedan moverse libremente entre un país y otro). Finalmente, en todos estos países, las medidas de mayor control no han disminuido la intención de migrar, muy por el contrario, está generando una crisis gigantesca a partir de enormes centros de detención dentro y fuera de las fronteras (incluso en islas para el caso australiano), en donde literalmente se encierra y abandona a aquellos que no pudieron ingresar al país.

Cerca del 80% de la migración en Chile es de origen latinoamericano. Señalar que puede llegar más de un millón de etíopes, como lo mencionó el actual director del departamento de extranjería, es hacer política en base a mentiras. La migración latinoamericana tiene un espacio en nuestro país. Cambiar de estatus migratorio es un camino válido que funciona en todos los países de nuestra región y que permite contar con una migración regularizada.  La enmienda de la Diputada Carmen Hertz que otorga un visado especial de oportunidades laborales, podría funcionar si es que se precisaran las condiciones y la forma en cómo operaría. Establecer que la única posibilidad para migrar es volver al país de origen y desde allá solicitar una visa, es crear las condiciones para un problema gigante del cual Chile en el futuro no podrá hacerse cargo. Lo importante es pensar en un mecanismo de ingreso acorde con la realidad migratoria del país. La propuesta del ejecutivo es regular para una migración pensando que tenemos la realidad de Canadá o Australia. Ello implica no entender cómo se compartan las migraciones en nuestro continente. Es continuar legislando de una manera retrograda, basado en supuestos ficticios, solo soportados por una estrategia comunicacional que usa la migración para obtener apoyos de manera populista.