Una mujer llamada Pilar



Los pilares del sistema de isapres han soportado indemnes décadas de crítica ciudadana; de elecciones ganadas por candidatos que prometen cambios, y ya instalados en La Moneda sufren ataques de amnesia; de rimbombantes comisiones de reforma; y de incontables proyectos para limar sus aspectos más aberrantes, que duermen el sueño de los justos en el Congreso.

Pero tal vez haya algo que no puedan conjurar: la molestia de una madre.

A Pilar Iturrieta le cerraron la puerta en las narices en tres isapres. Banmédica, Cruz Blanca y Consalud le negaron la entrada por considerarla de «alto riesgo», debido a que su hija de 4 años padece de labio fisurado. Pilar decidió dar la pelea. Fue a la Corte Suprema y esta le dio la razón: ella y su hija deberán ser admitidas forzosamente en una isapre.

El razonamiento de los jueces es sencillo. La Constitución de 1980, nos recuerda la Tercera Sala de la Suprema, asegura que «cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado». Pero a Pilar, como a otros miles de chilenos, ese derecho les es negado sistemáticamente, por estar enfermos o tener hijos con algún padecimiento que los hace un mal negocio para las aseguradoras.

Así queda al desnudo la profunda hipocresía de un sistema que se llena la boca con la «libertad para elegir» (ese mantra con que Milton Friedman tituló su libro más célebre), y al mismo tiempo condiciona ese derecho constitucional a la conveniencia económica de ciertas empresas privadas. Libertad para elegir, siempre y cuando sea negocio para las isapres.

Esa lectura acomodaticia ha volado por los aires, por el simple recurso de tomarse en serio lo que dice la Constitución de 1980. Ahora corresponde al gobierno y el Congreso ponerse los pantalones y rediseñar un sistema que permita la efectiva libertad de elegir de todos los chilenos, sin «corralitos» para los enfermos, ni discriminaciones contra las mujeres y los adultos mayores.

Porque el de Pilar Iturrieta no es el único fallo. El 3 de octubre, la Suprema dio la razón a otra Pilar (Pilar Juárez) en su reclamo contra Isapre Colmena por cobrarle un sobreprecio por su hijo recién nacido, aplicando la tabla de factores que determina mayores aranceles para niños de hasta 2 años, mujeres en edad fértil y adultos mayores.

Y hace unos meses, en un caso que no ha trascendido públicamente, la Suprema usó el mismo razonamiento para fallar a favor de otra mujer, Bernardita Álvarez, después que Colmena rechazara cambiarla de plan sin razón justificada.

En los tres casos, las actuaciones arbitrarias de las isapres violaron los derechos constitucionales de las tres mujeres que las llevaron ante la justicia.

Recordemos que ya en 2010 el Tribunal Constitucional derogó los criterios de sexo y edad en la tabla de factores de riesgo, por ser inconstitucionales y discriminatorios. Pero, por 8 años, las isapres no solo los han seguido usando para nuevos afilados. Además, argumentando que las tablas están congeladas, no bajan los aranceles cuando correspondería hacerlo: por ejemplo, cuando un niño cumple los 2 años de edad (tampoco, por lo mismo, suben a adultos mayores ya inscritos).

Y sumemos a ello que varias isapres siguen aumentando el precio general de sus planes por encima del IPC, pese a las decenas de miles de fallos que cada año ratifican que esa práctica es ilegal. Sigue siendo mejor negocio subir ilegalmente cientos de miles de planes, y perder los casos de quienes se dan la molestia de recurrir a tribunales.

Esos son los pilares del sistema: rechazar a los enfermos, discriminar a los adultos mayores, penalizar a las mujeres, hacer caso omiso de los tribunales, ejecutar acciones a sabiendas de que son ilegales.

Y por supuesto, confiar en que los gobiernos y los congresos están lo suficientemente capturados por el interés privado para no hacer nada al respecto, año tras año, década tras década.

Pilares del sistema que hoy se resquebrajan, gracias a la valentía de una mujer que dijo basta. Una mujer llamada Pilar.

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