El fallo de la Corte Suprema sobre las isapres a fines de noviembre echó a andar una cuenta regresiva que ahora tiene a las aseguradoras privadas, el gobierno y el sistema de salud en general en la sala de urgencias. El dictamen que obliga a las isapres a ajustar sus cobros a la tabla de factores confeccionada por la Superintendencia de Salud en 2020 y devolverlos excedentes en los cobros que existan, fijó seis meses, y de inmediato abrió la temporada de quejas y advertencias. Desde las Isapres apuntaron a la inviabilidad económica de varias aseguradoras y del sistema en general en ese escenario. Desde el gobierno, mientras en Fonasa afirmaban que estaban en condiciones de incoporar a nuevos afiliados migrando desde la salud privada, comenzaban a organizar el trabajo para que la Superintendencia -como establecía el fallo- determinara la manera de hacer cumplir el dictamen.

Hace unos días, el ejecutivo anunció que a fines de marzo enviaría una ley corta para hacerse cargo del problema. En su presentación en el Congreso, el Minsal calculó la deuda total de las isapres entre 1.260 y 1.400 millones de dólares, y propuso que tales excedentes se paguen a los afiliados en plazos desde 24 a 36 meses. Desde la Asociación de Isapres advirtieron que tal cosa le pondría “una lápida al sector”. Es un escenario complejo donde está en juego no sólo un sistema privado que atiende a 3 millones de usuarios, sino las consecuencias de un remezón mayor para el sistema público, que atiende a más de 15 millones de personas. Es un delicado equilibrio para el gobierno. El médico internista Juan Carlos Said, master en salud pública y coanfitrión del podcast sobre Salud “Lista de Espera”, dice que lo anunciado por el gobierno es una solución parche en el camino intermedio hacia un inevitable nuevo sistema de salud. Y en esta entrevista señala posibles modelos a seguir para ello.