Como todos los lunes, el 17 de agosto, pasadas las 13 horas, llegaron hasta la casona de Suecia 286, sede de la UDI, los integrantes de su mesa directiva. Pero ese día debían aplacar un incendio político.

El día anterior, su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, había desahuciado el apoyo de su partido a las reformas constitucionales planteadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), con lo que asestó un inesperado golpe a La Moneda y abrió -de paso- una fisura en el oficialismo.

“En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad, porque dañan la institucionalidad”, fue la sentencia que el timonel gremialista planteó en una entrevista en este diario, lo que desató -en los chats internos- una ola de apoyos y críticas.

Se trataba del primer “stop” del partido -que en mayo se había declarado como el más “leal” a la administración Kast- a una iniciativa de La Moneda. Una arremetida de alto costo para el propio Ramírez y su tienda, más aún al tratarse de enmiendas contenidas en la emblemática agenda de seguridad.

“Fue una catarsis. Hay mucha molestia en las dirigencias y bases de la UDI por el trato que el gobierno de Kast le ha dado al partido”, comenta un integrante de la mesa, al señalar que para muchos -al fin- la UDI le estaba poniendo límites al gobierno.

Ese lunes, los miembros de la directiva gremialista hicieron un agudo análisis sobre el episodio. Una de las más críticas -por la forma- fue la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown. “Una decisión de ese calibre debió haberse conversado a nivel interno”, planteó.

Ramírez aceptó 100% la responsabilidad.

“El partido de Jaime Guzmán no se puede quedar callado cuando se está debilitando la institucionalidad”, les dijo. Esto, porque, a su juicio, lo que estaba presentando el gobierno era una “irresponsabilidad”, más por la forma que por el fondo, ya que al poner en la Constitución excepciones a principios generales la terminaría debilitando, tal como le sucedió a la de 1925.

Lo de Ramírez fue el primer síntoma de la profunda fractura oficialista que evidenció la presentación de esta iniciativa, que el propio Kast y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentaron y defendieron como punta de lanza de su esperada agenda de seguridad, anunciada a cinco meses de iniciado el gobierno y con una ministra de esa cartera -la exfiscal Trinidad Steinert- ya fuera del gabinete.

Esta grieta provocó fuertes reacciones en público y en privado, tanto en dirigentes y parlamentarios, como ministros. Y terminó hiriendo de muerte -por el rechazo transversal- al punto más polémico de la reforma: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional por una crisis de seguridad pública que, decretado por el presidente, podía extenderse hasta por 240 días (ocho meses), sin requerir la aprobación previa del Parlamento, y que permitía la interceptación de comunicaciones, entre otras medidas.

Este punto -para muchos, el corazón de la propuesta- develó diferencias de fondo. Aunque no fue lo único.

Temores UDI y aliados inesperados

En la casona de Suecia 286, sede de la UDI, se confidencia que Guillermo Ramírez no consultó a nadie de su partido ni advirtió al gobierno que impugnaría la reforma a la Constitución.

No lo hizo porque sabía que habría militantes que tratarían de persuadirlo para que no lo hiciera, pues podía dar la impresión de que el partido estaba en contra de medidas más duras en contra de la delincuencia, una postura altamente demandada por la ciudadanía.

Pero estaba convencido de que debía levantar una alerta ante la inminencia del ingreso del texto al Congreso. Para parte de la UDI no era menor que un gobierno tan cercano intentara reformar la Constitución de su fundador, Jaime Guzmán. Otros planteaban que, en el fondo, se estaba jugando demasiado al límite de la democracia liberal -sistema al que, señalan en la directiva, la tienda adscribe-. Y no pocos sostenían que el elástico del apoyo “leal” al gobierno se había estirado demasiado y que había que cortarlo, teniendo a la vista la autonomía con la que se mueve hasta el propio Partido Republicano.

El planteamiento de Ramírez contó con aliados inesperados en la interna oficialista, ligados al sector conservador del gobierno.

A muchos les sorprendió una columna que el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, publicó en Biobío, en la que explicitó que “la gravedad del crimen organizado, por sí sola, no exige una modificación de la Carta Fundamental”.

Pero más aún que Carlos Frontaura -abogado muy cercano al propio Presidente Kast y exintegrante de la comisión experta en cupo republicano- transmitiera en privado sus resquemores.

Quienes conversaron con él por esos días afirman que su principal inquietud radicaba en lo que la reforma implicaba para el contenido esencial de los derechos. Es decir, al núcleo de facultades que los identifican y que, según la doctrina del Derecho, no puede ser alterado, horadado o vaciado de contenido por el poder público o el legislador.

Se trataba del mismo argumento que -en clave política- planteó Ramírez.

El temor de la UDI solo se disipó con los apoyos que la arremetida empezó a recibir desde Renovación Nacional, Evópoli, del senador Matías Walker (Demócratas) y hasta de libertarios. Y con la decisión del gobierno de retirar los puntos más polémicos de la reforma.

Aunque otros quedaron disconformes, porque dicen que la rebelión fue un “autogol” y que -al menos a nivel público- quedó la impresión que solo duró 24 horas.

El parteaguas liberal

En Renovación Nacional -partido que también tiene en sus bases una fuerte presencia conservadora- la reforma a la Constitución, en particular la creación del nuevo estado de excepción, los tomó por sorpresa. “Fue un ”batatazo", sintetiza un diputado de Renovación Nacional, por el poder que le otorgaba al presidente de la República.

Hasta el día de hoy la molestia es fuerte al interior de la tienda que dirige la senadora por el Maule Andrea Balladares.

Uno de sus dirigentes históricos -e influyentes en la mesa- plantea que La Moneda pecó de desconocimiento y falta de pericia política, pues la reforma constitucional se transformó en una suerte de parteaguas para partidos como RN y Evópoli -que sustentan al gobierno, con ministros en el gabinete-, y que tienen a las libertades como parte esencial de su proyecto e identidad política.

La propia Balladares planteó la crítica en distintas instancias, entre ellas, en la reunión que sostuvieron los timoneles oficialistas con los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob), José García Ruminot (Segpres) y Martín Arrau (Seguridad) el lunes 24 de agosto, donde se afirmó que el diseño fue un “error”.

“La diferencia no está entre quienes queremos combatir con firmeza al crimen organizado y quienes no. La diferencia puede estar en cómo entendemos la autoridad. Hay una derecha que me representa, que cree en un Estado fuerte para enfrentar al delincuente, pero también en controles firmes para evitar los abusos del poder. La seguridad sin límites puede terminar sacrificando las mismas libertades que queremos proteger”, sostiene el senador Andrés Longton (RN), quien fue una de las primeras voces en cuestionar los contenidos del borrador dado a conocer por La Tercera.

Otros afirman que en la base de las discrepancias está la forma republicana de hacer política, con un estilo más hermético, de menos búsqueda de acuerdos. En ese sentido, estiman clave el control que tomaron los ministros Alvarado y García en el futuro de la reforma. Este último fue de los primeros en advertir al interior del gabinete -y al mismo Kast- que se necesitaban ajustes tras diversos reparos expresados por algunos ministros.

Uno de los episodios más tensos se produjo luego de que Fernando Barros, de Defensa, transmitiera a La Moneda que “no puedo firmar el proyecto en estas condiciones”, debido a que en el nuevo estado de Seguridad Pública que se proponía las Fuerzas Armadas podían quedar bajo el mando de un general de Carabineros. A eso se sumaba el malestar que hay en el mundo militar en orden a desplegar tropas en labores que no les son propias. Y también los reparos expresados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la ministra de Salud, May Chomali.

El viernes 14 de agosto, García Ruminot se comunicó con Alvarado para decirle que persistían en el texto una serie de temáticas complejas, entre ellas “establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad”. Le aconsejó dilatar su ingreso al Congreso.

Hasta ese minuto, la decisión del Ministerio de Seguridad y del comité político -comentan en Palacio- era que el paquete legislativo debía entrar ese día al Senado.

A las 19.30 horas, García subió al despacho del presidente para explicarle sus aprensiones, las que fueron acogidas por el jefe del Estado, hecho que abrió una serie de ajustes durante el fin de semana, vía intercambio de documentos.

RN, además, activó a un grupo de constitucionalistas -entre los que se cuentan Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional; Sebastián Soto, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica; Teodoro Ribera, excanciller y exministro de Justicia; Juan José Ossa, exministro de la Segpres, y Víctor Manuel Avilés, abogado y académico especialista en Derecho Constitucional, para conocer sus posturas. Mientras Arrau iniciaba una ronda similar, reuniéndose -entre otros- con Peña, Iván Aróstica, Gonzalo Candia, Clemente Recabarren y Felipe Lizama.

“Esta reforma constitucional aborda temas que perfectamente podrían ser acometidos por reformas legales”, advirtió Marisol Peña en Desde la Redacción, añadiendo que -respecto del estado de excepción- “lo más grave es que se haga sin un sistema de contrapeso”.

Más allá fue el timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. “La reforma raya en lo iliberal y no es necesaria para avanzar en la agenda de seguridad”, dijo a La Tercera. Mientras que el exministro Gonzalo Blumel apeló a algo parecido. “Esta reforma -sostuvo en Radio Agricultura- se pasa absolutamente de largo respecto de lo que son los contrapesos, los resguardos de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado”.

Medidas más radicales

La idea de incorporar a la agenda de seguridad una reforma constitucional provino del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Desde que Arrau -militante de esa tienda y cercano suyo- asumió la cartera de Seguridad en mayo, el senador había estado empujando en la interna la necesidad de dar señales más “radicales” en esta materia. No podía el gobierno de Kast -era uno de sus argumentos- solo administrar la política contra la delincuencia y el crimen organizado.

A principios de julio, tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional por la Ley de Escuelas Protegidas, Squella junto al abogado Jorge Barrera -quien fue el jefe de asesores de los constituyentes republicanos en el segundo proceso constitucional- comenzaron a trabajar en una propuesta de cambio a la Carta Magna que hiciera viable la agenda contra las incivilidades y el poder quitar beneficios sociales a condenados por delitos graves.

Squella entregó su propuesta a Arrau. Pero cuando recibió el primer borrador se dio cuenta de que solo se habían acogido cuestiones menores y que, como contrapartida, se había incorporado el nuevo estado de excepción con 240 días más la interceptación de comunicaciones, que no estaban en su agenda.

En el Partido Republicano y en La Moneda hay quienes apuntan al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y a su equipo. El abogado es experto en Derecho Público y fue jefe de gabinete del ministro Alvarado. Aunque otros, en el mismo partido, sostienen que Guerrero no se manda solo.

“Tiene mi firma”, dijo esta semana Arrau, asumiendo la responsabilidad del impasse e intentando cerrar el capítulo.

En republicanos no se oculta que el tema de fondo es cómo se enfrenta la seguridad, donde ellos proponen herramientas más radicales para enfrentar el crimen organizado -como los cambios constitucionales-, y otros prefieren opciones menos profundas. Y eso Squella no ha tenido empacho en enrostrarlo en estos días.

“Es gente que no está viendo la realidad de Chile. Lo que nosotros estamos haciendo es todo lo contrario, es ajustar nuestras normas constitucionales a lo que la inmensa mayoría, y a gritos, han pedido los ciudadanos elección tras elección”, dijo esta semana ante una serie de críticas realizadas por los académicos Javier Couso y Arturo Fontaine.

Desde esa misma tienda, el diputado Agustín Romero llama a la unidad del oficialismo. Admite que la enmienda requiere cambios para lograr consensos y encuentra “razonable” el planteamiento de Guillermo Ramírez. Pero su preocupación y llamado va más allá. “Retirar la reforma constitucional -enfatiza- solamente beneficia a los terroristas y al crimen organizado. Hoy día lo que requiere Chile son señales sumamente claras y firmes respecto de cuál es la voluntad que tiene el sistema político para defenderse de una agresión que ya superó la normativa”.

Para Chile Vamos, la agenda de seguridad tiene claramente una marca republicana. Y no solo porque a la cabeza de ese ministerio está Arrau, militante de esa tienda. También incluyen en ese recuento el rol que habría tenido el director de Comunicaciones y Contenidos de La Moneda, Cristián Valenzuela, en haber apurado el anuncio de la reforma, que originalmente estaba fijada para después de que se diera a conocer el resto de la agenda de seguridad. Otros agregan que lo ocurrido muestra el mismo estilo que los republicanos exhibieron en el segundo proceso constituyente, cuando empujaron incluir cuestiones de indudable rango legal -como lo era la eliminación del pago de contribuciones- en su propuesta constitucional.

Pero desde la sede de gobierno se asegura que el paquete legislativo tiene el sello y la impronta del presidente.

Una fuente de Palacio es categórica en afirmar que la reforma no se va a retirar y que se va a revisar el estado de excepción para que tenga los controles necesarios.

El mecanismo para lograr un mayor consenso político -según lo anunciado por el ministro Alvarado- es a través de la Comisión de Constitución del Senado.

En La Moneda creen que la agenda de seguridad corregida -al igual que la megarreforma- va a terminar siendo aprobada por el Congreso, ojalá antes de fin de año, pues ni el oficialismo ni la oposición están en condiciones de darle la espalda a esta demanda ciudadana. La incógnita intramuros está en si esta fisura tiene o no un carácter de permanente.