Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) y destacado escritor sobre política latinoamericana, democracia, crimen organizado y relaciones entre EE.UU. y la región, viajó a la costa ecuatoriana para entrevistar a los sobrevivientes y a las familias de la tripulación del desaparecido pesquero Fiorella. En la revista The New Yorker, Freeman publicó a fines de junio una de las primeras investigaciones sobre el incidente, que según nuevos informes podría ser el resultado de una operación encubierta estadounidense. El 20 de enero el barco desapareció en aguas internacionales sin dejar rastro, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Siete meses después, el paradero de ocho de los 10 pescadores a bordo y la suerte del Fiorella siguen siendo una incógnita y el caso se investiga como una presunta desaparición involuntaria.

The Washington Post y The New York Times publicaron a mediados de agosto artículos que dan continuidad a la investigación que Freeman llevó a cabo. “Se dice que un programa secreto de la CIA está detrás de los misteriosos ataques a barcos en Galápagos”, tituló el primer diario estadounidense. “Hablaban inglés, llevaban banderas de EE.UU. y atacaron a los pescadores. ¿Quiénes eran?”, destacó el segundo.

Los tres artículos tratan sobre los mismos sucesos: la desaparición en enero del pesquero ecuatoriano y sus tripulantes, y los ataques en marzo contra otros dos barcos, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Durante meses, estos casos permanecieron sin explicación. El Pentágono y el Ministerio de Defensa de Ecuador negaron tener conocimiento o participación alguna en los ataques. En conjunto, los tres relatos apuntan a algo más importante: la Operación Lanza del Sur -la campaña de ataques de la administración de Donald Trump contra supuestos buques de narcotráfico, en curso desde septiembre de 2025- podría ser “más grande, más secreta y estar dirigida por más actores de lo que se creía”, planteó Freeman en un artículo publicado la semana pasada en el sitio del CFR.

Freeman, quien antes de incorporarse al CFR colaboró con el subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, analiza en la siguiente entrevista con La Tercera los alcances de la Operación Lanza del Sur de Trump y el eventual “frente oculto” que ha dejado a la luz el programa de ataques a embarcaciones supuestamente implicadas en el narcotráfico.

¿Más allá de la CIA, quiénes más podrían estar implicados y con qué objetivos?

No lo sabemos con ningún grado de certeza, pero la participación confirmada de un avión de monitoreo marítimo registrado a nombre de una empresa privada estadounidense, en lo que parece haber sido la vigilancia de los tres barcos ecuatorianos atacados, sugiere que tal vez también estén participando contratistas privados de defensa en la Operación Lanza del Sur. Erik Prince ha negado que tenga un contrato activo con el gobierno ecuatoriano o que haya participado en estos incidentes, pero antes de las elecciones presidenciales de Ecuador de 2025 se anunció públicamente un acuerdo. También veo probable que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) y la DEA estén participando de alguna manera, ya sea en la selección de objetivos o en la persecución de ellos.

Usted destaca que descubrió que ninguno de los tripulantes ecuatorianos atacados tenía cargos criminales por narcotráfico. ¿Pudieron fallar a ese nivel los datos de inteligencia de la CIA o fue algo deliberado?

Así es. Creo que lo más probable es que los tres supuestos ataques contra barcos pesqueros que hemos identificado -especialmente el primero, en el que desapareció el barco Fiorella- hayan sido falsos positivos: ataques planificados sobre la base de inteligencia equivocada. Todo indica que estos tres barcos atacados entre enero y marzo no tenían nada ilícito a bordo. Una de ellas, la Negra Francisca, fue inspeccionada por la Guardia Costera ecuatoriana y declarada limpia apenas unas horas antes de ser atacada.

The New York Times reporta que un avión de patrulla marítima que operaba desde una base en El Salvador voló hacia las tres embarcaciones en los días previos a cada ataque. ¿Qué grado de participación cree que tiene el gobierno de Nayib Bukele en estas operaciones?

Estados Unidos tiene desde 2000 un acuerdo con El Salvador para utilizar el aeropuerto de Comalapa en operaciones de vigilancia marítima. Ese acuerdo fue renovado en 2019 y estuvo vigente hasta 2025. A finales de 2025, además, hubo un aumento importante de los recursos militares estadounidenses en El Salvador. Lo que no sabemos es qué acuerdo, si alguno, permitió mantener o ampliar ese acceso en 2026.

Y eso resulta especialmente interesante, porque el avión de vigilancia que siguió a las embarcaciones ecuatorianas operó desde Ilopango, que no forma parte del acuerdo público sobre Comalapa y que tiene una historia como base de operaciones encubiertas estadounidenses contra los sandinistas en la Nicaragua de los 80. Esto plantea la posibilidad de que Bukele haya autorizado una cooperación más amplia con EE.UU. de la que se ha hecho pública.

El jefe del Pentágono anunció que Colombia, Guatemala y Honduras se han unido a Ecuador para autorizar ataques terrestres conjuntos. ¿Cree que los países aliados bajo el Escudo de las Américas terminarán sumándose a estas operaciones?

Sí, creo que es probable, aunque el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dicho públicamente que no se autorizaron operaciones conjuntas. Puede ser que ya hayamos visto algunos ataques en el sur de Colombia en enero de 2026, aunque eso todavía está por confirmarse. También agregaría el ataque que mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, por parte del Comando Sur en territorio venezolano. Esto representa un nuevo nivel de intervención militar directa de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico.

Sobre la eficacia de la Operación Lanza del Sur, usted escribió que “los precios en la calle y la pureza en las principales ciudades de EE.UU. sugieren que la oferta de cocaína no ha disminuido”. ¿El Congreso no ha cuestionado estas operaciones? ¿Considera que solo se trata de puestas en escena mediáticas por parte de la Casa Blanca, que a la vez constituyen verdaderas ejecuciones sumarias?

Sí, varios congresistas y senadores han cuestionado públicamente y en repetidas ocasiones a funcionarios militares y miembros de la administración. No sé si los altos funcionarios del gobierno de Trump realmente creen que estos ataques van a reducir eventualmente los flujos de cocaína y debilitar significativamente a las redes narcotraficantes, o si los ataques responden más bien a una lógica de política de palacio y a un intento de ganarse el favor del jefe.