Todos los observadores lo destacaron: fue una ceremonia impecable. Pese a la tensión acumulada y los roces de las últimas semanas, Gabriel Boric y José Antonio Kast cumplieron con un rito republicano: el traspaso de mando de un presidente democráticamente elegido a otro igualmente triunfador en las urnas. Se cumplió con la tradición democrática. Y algo más: eventualmente, esta ceremonia marca una cifra singular, de contornos históricos.

La reciente entrega de la banda presidencial completa un ciclo de 32 años de cambios de mando institucionales, sin interrupciones, entre presidentes electos por el voto popular.

Tras la recuperación de la democracia en 1990, Patricio Aylwin fue el primer mandatario democráticamente electo que entregó el poder gracias a un proceso eleccionario: en marzo de 1994, en una sobria ceremonia en el Congreso Nacional, Aylwin cedió la banda a su compañero de partido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Desde entonces, la democracia chilena ha tenido siete comicios presidenciales que dieron la victoria, sucesivamente, a Ricardo Lagos, Michelle Bachelet (2006 y 2014), Sebastián Piñera (2010 y 2018), Gabriel Boric y José Antonio Kast. En total, contando a Frei Ruiz-Tagle, ocho traspasos de mando.

Desde este punto de vista, se podría equiparar con la llamada “era dorada” de la democracia chilena, previa al golpe militar de 1973.

Habitualmente, la historiografía cuenta aquel período, regido por la Constitución de 1925, a partir de 1932, cuando Arturo Alessandri Palma asume su segundo mandato. Sin embargo, en ese momento Alessandri no recibió el poder de un presidente electo, sino que de manos del presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, luego de una profunda crisis política que afectó al país.

Seis años después, al finalizar su período, el “León de Tarapacá” le entregó el poder a Pedro Aguirre Cerda, quien fuera su ministro del Interior en 1920. En esta elección, Aguirre Cerda corrió en la acera rival, como líder del Frente Popular. Desde ese traspaso al de Eduardo Frei Montalva a Salvador Allende, en 1970, también transcurrieron 32 años.

Se trata del mayor período de traspasos institucionales entre presidentes electos en la era moderna chilena.

A partir de estas cifras, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Hay puntos de comparación posibles entre ambos períodos? ¿Y qué ocurre con el siglo XIX, donde también hubo un largo período de continuidad institucional?

Aquí se encuentran diferentes opiniones entre los especialistas.

“Esta sucesión de traspasos habla de cierta estabilidad política que permite que las instituciones sigan funcionando”, dice el historiador Julio Pinto, premio nacional de Historia 2016. “Este es un rasgo de bastante largo plazo. Chile no se ha caracterizado en su historia republicana por cambios muy bruscos o violentos del mando, con la excepción de la dictadura militar”, agrega.

“A pesar de todo, la institucionalidad es suficientemente fuerte como para sobrevivir“.

Para Juan Luis Ossa, historiador e investigador del CEP, esta tranquila sucesión habla también de la fortaleza del sistema institucional: “A pesar de todo, la institucionalidad es suficientemente fuerte como para sobrevivir. Contra todos los problemas y dificultades que tenemos —que no crecemos, que hay inseguridad o migración—, las instituciones tienen una gran fortaleza”.

Según Cristóbal García-Huidobro, académico de la UC y biógrafo de Pedro Aguirre Cerda, “podría hablarse de 70 años de sucesiones institucionales tranquilas, con el hiato que se abre con el 11 de septiembre de 1973”, es decir, la dictadura como la gran excepción.

Esta continuidad “nos habla de una cierta cultura de normalidad institucional”, en opinión de Julio Pinto: “Es un rasgo histórico más o menos instalado en nuestro país, y que nos diferencia de otros países donde los cambios más frecuentes y más violentos son mucho más comunes. En nuestro caso no ha sido así”.

El historiador precisa que “para que se produzca una alteración en esa sucesión normal, generalmente es necesario que ocurra una crisis política de proporciones. Cuando ocurre ese tipo de crisis, ahí se interrumpe el proceso de normalidad institucional. Así ha ocurrido. Y no me refiero solo al siglo XX, sino también al siglo XIX, que tuvo el período más largo de traspaso ordenado del mando, que va desde 1836 hasta 1886: 50 años”.

De todos modos, se puede agregar un matiz: en ese período hubo dos guerras civiles. “Pero esos quiebres no lograron romper el orden institucional”, añade García-Huidobro.

Claro que en el siglo XIX, se podría precisar, el sistema político no era precisamente democrático: “Ese medio siglo de normalidad institucional estuvo muy lejos de ser un medio siglo democrático”, opina Julio Pinto. Y Juan Luis Ossa complementa: “La democracia no estaba en el horizonte de las élites”.

Una quimera

“Esta ciudadanía tiene mucho de inconsciente todavía y es necesario dirigirla a palos”, le escribió el Presidente Domingo Santa María a su biógrafo en 1885. Un año después le entregó el poder a su exministro del Interior José Manuel Balmaceda. Con ese traspaso se completaron 50 años de cambios de mando institucionales que partieron con la segunda presidencia de José Joaquín Prieto, en 1836.

Aun con dos guerras civiles (1851 y 1859), durante el decenio de Manuel Montt el sistema político sobrevivió. Como se sabe, la normalidad institucional se rompió con la Guerra Civil de 1891.

“Entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante”

En la carta a su biógrafo, Domingo Santa María revela la percepción de la élite liberal sobre la democracia:

“Entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante, y no me suicidaré por una quimera. Veo bien y me impondré para gobernar con lo mejor y apoyaré cuanta ley liberal se presente para preparar el terreno de una futura democracia. Oiga bien: futura democracia”.

Y agregó: “Se me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a la vieja escuela”.

“El conjunto de la sociedad no participaba mayormente en la toma de decisiones políticas”.

Desde luego, no era una actitud aislada: de acuerdo con los antecedentes históricos, el siglo XIX fue uno de abierto intervencionismo electoral. Además, la participación política era limitada.

“El sistema político de ese tiempo permitía la participación significativa de una minoría muy pequeña. El conjunto de la sociedad no participaba mayormente en la toma de decisiones políticas. Es un período de estabilidad institucional, pero no es un período democrático”, dice Julio Pinto.

Ossa acota que la élite era resistente a la democracia por las referencias que tenía: “La democracia venía de los jacobinos franceses. Y en la élite no querían eso”.

Por esa época el voto era censitario, es decir, se exigía un trabajo remunerado, además de ser hombre mayor de 21 años si era casado, o 25 si era soltero, y saber leer y escribir. Cristóbal García-Huidobro acota que “eso es algo muy romano, viene de Roma: el ciudadano es el que lleva a cuestas el peso de la República. ¿Cómo lo lleva usted en el mundo moderno? Bueno, pagando impuestos”.

El siguiente período de traspasos presidenciales va desde 1896, con la entrega del poder de Jorge Montt a Federico Errázuriz, hasta 1920, cuando Alessandri recibe el mando de Juan Luis Sanfuentes. Sin embargo, el “León de Tarapacá” no terminó su período: renunció y se exilió. Y luego vino la dictadura ibañista.

Expansión democrática

Un aviso publicado en la prensa en 1906 da cuenta de una de las prácticas políticas de la época:

“¡Atención! El mayor de los regalos nunca vistos en Chile. ¡Una vaca lechera con cría al pie, de toro fino! Además de la gratificación que se repartirá a todos los electores que voten por el señor Zañartu, se le dará un boleto para tener derecho a entrar en una rifa de una vaca lechera”.

Por cierto, el señor Zañartu fue electo diputado por Rancagua. “El cohecho era un fenómeno urbano, de ciudades y pueblos. En los campos prevalecía la voluntad patronal, ejercida con indisputada autoridad sobre los inquilinos e, incluso, sobre los pequeños propietarios adyacentes a la hacienda”, se lee en Historia del siglo XX chileno, de Sofía Correa, Manuel Vicuña, Claudio Rolle y otros autores.

Con todo lo institucionales que fueron los traspasos de poder entre 1938 y 1970, la democracia distaba de ser plena: recién en 1952 las mujeres votan por primera vez en una elección de gobierno. Por lo mismo, el historiador Cristóbal García-Huidobro advierte que hay que usar con cuidado el término democracia y el adjetivo “democrático”.

Además, durante la presidencia de Gabriel González Videla (1946-1952) se aprobó la Ley de Defensa de la Democracia, o ley maldita, que proscribió al Partido Comunista: 25 mil militantes fueron borrados de los registros electorales, es decir, casi un 4% del electorado.

Y la compra de votos persistía: “El cohecho era una práctica de todo el mundo”, precisa Juan Luis Ossa. “Y bastó una norma, como la cédula única, en 1958, para terminar con él”.

Más que una era dorada de la democracia chilena, entonces, Ossa dice que fue un período de expansión democrática: “Así como el Estado de compromiso se expande, la democracia también se expande. Y los derechos garantizados constitucionalmente. No habría habido una expansión democrática y estatal sin la Constitución de 1925”.

Hay quienes incluso plantean que el régimen democrático propiamente tal es el que va de 1958 a 1973, como el historiador Juan Carlos Gómez Leyton, autor de Las fronteras de la democracia. “¿Por qué? Porque con la reforma electoral de 1958 se permite que, de verdad, las elecciones reflejen el sentir ciudadano, por así decirlo, de los votantes”, explica Julio Pinto.

Por descontado, el contexto histórico es incomparable: se vivía la Guerra Fría, soplaban aires revolucionarios y se respiraba una creciente polarización. Bajo la aparente tranquilidad de los cambios de mando, la democracia parecía asediada desde uno y otro extremo: desde la izquierda radical y desde la derecha con tendencias golpistas.

Consolidación

A diferencia de aquel período de expansión democrática, que acabó con la ruptura del golpe, desde 1990 el sistema democrático chileno se ha robustecido. “La consolidación democrática ocurre después de 1988”, indica Juan Luis Ossa. “Hoy hay una comprensión del régimen democrático mucho más profunda, entre otras cosas porque no hay ninguna generación que no haya vivido una parte de su vida en un régimen democrático”.

La dictadura dejó una huella profunda en la sociedad, que llevó a una valoración de la democracia, apunta Julio Pinto. “Después de los 17 años de dictadura, hubo una revalorización de la democracia como un bien en sí misma, incluso en la izquierda más radical, que en los 60 y parte de los 70 la consideraba insuficiente. Eso cambió y fue un relato bastante fuerte en los años de la posdictadura. Ahora, mi temor es que la democracia de nuevo está sujeta a cuestionamiento”.

Evidentemente, el régimen no ha estado exento de crisis y los expertos citan el “boinazo” a inicios de los 90 y el estallido social reciente. Pero la democracia ha demostrado fuerza y resiliencia.

“Ha habido estabilidad institucional, con episodios de turbulencia que han encontrado un cauce democrático para poder ser solucionados”, destaca Cristóbal García-Huidobro. Y eso es lo que ha permitido la continuidad del rito republicano, sobrio y simbólico, de traspaso de mando entre presidentes.