A contar de las 15.00 de hoy, y durante cuatro horas, la comisión especial investigadora de la reconstrucción producto de los incendios que ocurrieron en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tendrá su última sesión, en la que votará las conclusiones que tanto la oposición como en el oficialismo redactaron y pretenden aprobar.

En las propuestas de conclusión -a las que tuvo acceso este medio- hay una clara diferencia respecto del futuro político del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Mientras que la oposición -en un informe que estuvo a cargo de los diputados RN Andrés Celis y Andrés Longton, además del republicano Luis Sánchez- pide la cabeza del jefe de la cartera de Vivienda, en el oficialismo ni siquiera hay una mención al ministro.

“La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República que destituya de su cargo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, por ser el responsable directo en las labores de reconstrucción que le fueron encomendadas”, se estipula en el segundo numeral de propuestas y conclusiones de la derecha.

Y añaden: “La actitud adoptada por el ministro Montes para con las víctimas ha sido indolente, carente de espacios para escuchar adecuadamente a quienes han sufrido las consecuencias más devastadoras del incendio de febrero de 2024″.

En materia de ejecución, los legisladores de oposición lanzan sus dardos por lo que ha sido, a juicio de ellos, un “compromiso del FET rezagado”.

“A más de 16 meses del devastador incendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, los datos de ejecución presupuestaria revelan una preocupante lentitud en el uso efectivo de los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (Ley N° 21.681), que destina hasta 800.000 millones de pesos para la reconstrucción", afirman al respecto.

En ese sentido, agregan, “de un total de 4.609 viviendas dañadas y transcurridos 16 meses: solo 3.670 son consideradas hábiles para el subsidio (939 familias quedan marginadas de una solución habitacional)”.

La omisión a Montes en el informe oficialista

En el informe de los diputados representantes de gobierno -a cargo de los diputados Diego Ibáñez (FA), Arturo Barrios (PS) y María Francisca Bello (FA)-, en tanto, no existe mención alguna al jefe de la cartera de Vivienda.

En cuanto al proceso de reconstrucción, eso sí, exponen algunas críticas.

La primera conclusión que proponen los representantes de la alianza gubernamental es que “la reconstrucción presenta un desfase estructural: a julio de 2025 existían 3.670 familias hábiles y 2.748 subsidios asignados, pero solo 205 viviendas efectivamente entregadas”.

“Ello equivale a menos del 10% del universo de familias reconocidas como damnificadas. Este contraste entre compromisos y resultados concretos ha generado una sensación de frustración y de lentitud en las comunidades, que perciben una respuesta estatal insuficiente frente a la magnitud del desastre”, añaden al respecto.

La segunda conclusión, aseguran los diputados oficialistas, es que existe una “falta de claridad en definiciones y estadísticas oficiales”.

Se constata un uso impreciso y variable de categorías como “vivienda entregada”, “solución terminada” o “habitable”, que en ocasiones han sido comunicadas como equivalentes, sin reflejar la diferencia entre una casa en obra gruesa y una con recepción municipal. “Esta práctica erosiona la confianza pública en la información oficial y dificulta el control ciudadano. Se requiere mayor rigor en la estandarización de cifras y conceptos”, sostienen en ese punto.

Cambio de gabinete tensiona la votación

La votación de esta tarde está cruzada por un ajuste ministerial que, según fuentes de La Moneda, ocurriría esta tarde.

La primera señal que decidió enviar el Presidente Gabriel Boric al respecto fue la salida de Esteban Valenzuela (FRVS) del Ministerio de Agricultura, como una vendetta a su partido por la decisión que adoptó de formar una segunda lista parlamentaria para la elección de noviembre, a contrapelo del mensaje del Mandatario, de arribar a una planilla única entre todos los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana.

Esta mañana, en tanto, La Moneda confirmó la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda.

En medio de este movimiento de piezas en Palacio, un ministro que ha estado severamente cuestionado es Carlos Montes, quien saldría del gabinete ante las múltiples críticas por la reconstrucción luego de los incendios en la Región de Valparaíso del año pasado.

En febrero de este año, cuando se cumplió un año del incendio, al expresidente del Senado, incluso, lo habían cuestionado severamente del oficialismo, como los diputados Tomás Lagomarsino (ind. radical), los socialistas y también representantes de la Región de Valparaíso, Tomás de Rementería y Nelson Venegas; además del gobernador de la región, Rodrigo Mundaca.

Con todo, de acuerdo a los equilibrios políticos al interior de la comisión, sería el diputado Lagomarsino -una vez más- quien incline la balanza en una instancia investigadora, tal como fue en la que dilucidó responsabilidades políticas en la conducción política que tuvo La Moneda por el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, hoy investigado por los delitos de violación y abuso sexual, que habrían ocurrido en septiembre del año pasado.

La minuta

En la previa a la votación del informe de la comisión especial investigadora, el Minvu hizo circular minutas entre parlamentarios oficialistas y otros miembros de la instancia.

Junto con desglosar las cifras de avance en reconstrucción, el ministerio entregó un listado de razones “determinantes” que han influido para que el avance sea más lento de lo esperado.

El documento parte señalando que “no existe un daño homogéneo”. Que mientras algunas familias eran propietarias en áreas consolidadas, otras vivían en campamentos, eran arrendatarias o allegadas. A esto se suma a que las viviendas presentaban distintos grados de afectación -desde destrucción total hasta daños parciales- y que muchas se ubicaban en terrenos de riesgo. Esa heterogeneidad, dicen, obligó a desplegar modalidades diversas de reconstrucción, como autoconstrucción, viviendas industrializadas o pequeños condominios, lo que, según el Minvu, “naturalmente ralentiza el avance en comparación con procesos más homogéneos”.

Otro punto crítico identificado es la propia organización institucional de la reconstrucción. La coordinación, encabezada formalmente por el Consejo de Ministros para la Reconstrucción, señalan que ha sido débil y poco clara en lo operativo.

En la práctica, el Minvu ha debido asumir el rol principal, aunque con “relaciones débiles con la delegación, Seremi y gobiernos regionales, además de una coordinación con municipios que carece de institucionalidad clara”. A esto añaden que se sumó el contexto político de las campañas electorales, que tensionó la gestión territorial y expuso al proceso a presiones externas.

El componente operativo es otro de los nudos del atraso. La reconstrucción depende de licitaciones y de la externalización de proyectos que requieren en promedio diez meses antes de iniciar obras, un esquema pensado para proyectos regulares y no de emergencia. Además, en el texto el ministerio expresó que carece de capacidades propias en áreas clave como loteos, muros de contención o estudios de suelo, lo que obliga a contratar servicios externos.

La minuta también apunta a las exigencias de otros organismos: Conaf, por los planes de manejo; Sernageomin, en zonas de riesgo, o los municipios, cuya limitada capacidad técnica ha frenado la gestión territorial.

En el texto el ministerio señala que el financiamiento también tuvo un arranque tardío, pues el Fondo de Emergencia Transitorio comenzó a operar siete meses después de la catástrofe.