El próximo martes, el Presidente Gabriel Boric recibirá la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur, uno de los proyectos más ambiciosos de su administración, que apunta a resolver la demanda de tierras de las comunidades mapuches y, con ello, los niveles de conflictividad que han mantenido a esa zona en constantes estados de excepción constitucional.

El texto será entregado en medio de un tenso clima electoral, que ya empezó a generar revuelo político y división de posiciones a nivel de candidatos presidenciales y parlamentarios. Por lo pronto, el documento enfrenta un largo camino hacia adelante. Pues deberá sortear una Consulta Indígena, una extensa tramitación en el Congreso y medidas administrativas, que tampoco son de rápida implementación. Por lo que la tarea pasará para el próximo gobierno.

La última milla de la comisión -lanzada en junio de 2023- no fue fácil. El momento más tenso se produjo el miércoles por la noche, a horas de que cumpliera el plazo fatal para zanjar el acuerdo -a las 23:59 de ese día-, cuando en un plenario telemático, tras una serie de reuniones y conversaciones bilaterales y grupales, se ingresó a la votación uno a uno los 22 puntos del informe.

“Ahí nos dimos cuenta que no tendríamos la unanimidad”, comenta un integrante de esa instancia.

Esto, porque el presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G., Sebastián Naveillan, fue objetando algunos puntos clave. Solo aprobó 15 de los 22.

Todos los demás visaron la iniciativa, partiendo por el senador DC Francisco Huenchumilla (presidente); el exministro Alfredo Moreno (vicepresidente); la diputada Emilia Nuyado (PS); el exalcalde de Tirúa y dirigente mapuche Adolfo Millabur; la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Callupe; el abogado Nicolás Figari, y la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena, quien incluso renunció al Partido Republicano para aprobar el documento.

En un comunicado, Naveillan dijo que “se les impuso votar por mayoría, no unánime, como lo señala el reglamento, por partes y sin ningún papel en mano. Eso me parece inaceptable”. Y que “durante la discusión, pasada la medianoche y fuera del plazo formal para la entrega de la propuesta, se generó un ambiente de tensión en el que algunos comisionados me acusaron de estar defendiendo los intereses del mundo agrícola”, cosa de la que dijo sentirse orgulloso. Su voto en contra -entre otros puntos- los centró en la propuesta de entrega de 240 mil hectáreas (cosa que la comisión asegura que no está) y en el costo cercano a los 4 mil millones de dólares.

Durante sus casi dos años de funcionamiento -sus integrantes fueron presentados por el Jefe del Estado el 21 de junio de 2023, para la conmemoración del Día de los Pueblos Originarios-, la comisión recibió el testimonio de 5.165 personas, vía sesiones, entrevistas, reuniones territoriales y telemáticas y conversatorios.

Fuentes internas destacan que la mayor parte del trabajo -a pesar de las distintas posturas, por la diversidad del grupo- se desarrolló en buenos términos.

Solo en la fase final algunos de sus integrantes -especialmente los de sensibilidad de derecha- empezaron a tener presiones.

El caso más visible fue el de la senadora Carmen Gloria Aravena, quien terminó renunciando al Partido Republicano, para poder aprobar el texto, dado que esa colectividad se oponía a los puntos acordados.

Otros fueron acusados -no por los partidos, pero sí por distintas vías- de estar haciendo un texto “octubrista”, de estar supuestamente reeditando el primer proceso constitucional.

“Aquí no hay nada de eso. No hay territorio autónomo, no hay escaños reservados, no hay plurinacionalidad, tampoco hay un sistema jurídico y judicial diferente para ellos”, dice una fuente de Chile Vamos, al enfatizar que el documento no solo plantea vías de salida a un conflicto histórico, sino que también una reparación a las víctimas de la violencia.

Desde el interior de la comisión llaman a los partidos a conocer la propuesta antes de opinar. Y se hace ver, por ejemplo, que si bien se permite a los interesados comprar tierras que estén disponibles, también se abre un abanico de posibilidades para descomprimir este tema, como la adquisición de una vivienda, maquinarias, etc.

“Tiene un gran piso político”

Para el senador DC Francisco Huenchumilla, todos los puntos en que no había acuerdo se buscó el consenso. Incluso, la garantía de 240 mil hectáreas para la restitución de tierras, que habría llevado a Naveillán a oponerse al acuerdo.

“Esa cifra que usted señala no apareció en la versión de hace unos días atrás, cuatro días atrás. Porque, como hubo problemas, se sacó. De tal manera que esa información que se dijo de 240 mil hectáreas quedó obsoleta, porque en la versión final que votamos esa cifras no aparecía. Y, por lo tanto, fue una de las cosas que se cedió precisamente a petición del representante de los agricultores”, dijo.

Y añadió: “Por eso es que fue sorpresiva la votación final, del último día, del representante de los agricultores, quien votó en contra 15 de los 22 puntos. Ahí hay una explicación que deben dar los agricultores, porque creo que hubo una decisión política de no apoyar el documento, lo que -a mi juicio- es un error”.

Similar crítica formuló al Partido Republicano, que -ante su resistencia a apoyar el texto- terminó con la renuncia de la senadora Aravena.

Respecto del futuro que le ve a esta propuesta, teniendo en cuenta que no se logró la unanimidad, respondió: “Si esto hubiera sido un 5-3, hubiera sido complicada la cosa. Pero este acuerdo del 7-1, tiene una gran contundencia, una gran fuerza y un gran piso político”.

Los presidenciables

En la oposición hubo resistencia a la iniciativa. Evelyn Matthei, presidenciable de Chile Vamos y la mejor posicionada en las encuestas, reaccionó con escepticismo frente al texto, colocando una serie de condiciones. Un punto no menor si se considera que si llega a la Presidencia, le va a tocar implementar el acuerdo.

En un video difundido en sus redes sociales, la exalcaldesa afirmó que “todos entendíamos que el informe de la Comisión para Paz y el Entendimiento iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría, por lo tanto vamos a ver qué es lo que van a hacer”.

Advirtió, a su vez, que “es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero sobre todo de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible. Y, por último, quiero señalar que la entrega de tierras no necesariamente trae la paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”.

José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano -colectividad que se ha opuesto al informe- posteó, a su vez, en sus redes: “Invitamos a todos los ciudadanos, especialmente de La Araucanía, a defender con firmeza la unidad de la nación chilena, el valor de la ley y la dignidad de las víctimas. La paz no se impone por decreto. La paz se construye con justicia, responsabilidad y verdad”.

Desde el oficialismo, hubo un cerrado respaldo. Carolina Tohá -abanderada PPD, PS, PR y PL- sostuvo que aunque un comisionado no suscribió, “el informe fue unánime en cada una de sus partes por el conjunto de todos los demás” y que “eso tiene un enorme valor histórico y genera una esperanza”.

Gonzalo Winter, candidato a la presidencia del FA, coincidió en que a pesar de no ser unánime, es “tremendamente positivo” y “constituye un consenso robusto que sienta las bases para una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche”.

A su vez, Jaime Mulet, candidato presidencial del FRVS, afirmó que el que la mayoría haya respaldado el texto le da un “gran valor” y que hay que entenderlo como “el inicio de una nueva y final etapa”.

La visión de los partidos

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo sostuvo que “esta propuesta relacionada con las tierras, principalmente con las 240 mil hectáreas que habría que comprar para entregar a nuestros pueblos originarios va a ser un motivo de amplia discusión política”. Y que “nada asegura que al comprar esas hectáreas, los grupos violentistas que ocupan las reivindicaciones de pueblos originarios simplemente para el tráfico de drogas y el robo de madera y ejercen la violencia en el Biobío y en La Araucanía, vayan a bajar sus niveles de violencia”.

Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, lamentó y calificó de “doloroso” que la Comisión Paz y Entendimiento no haya llegado a un acuerdo por unanimidad. “Nadie está llamado a lo imposible. Creo que el error fue estratégico, en términos de tratar de abarcar tanto. Aquí tenían que haberse llegado a acuerdos mínimos. Pero hoy se puede avanzar en cuestiones urgentes y el Presidente tiene la palabra. Podemos terminar con el terrorismo, para eso no se requiere una comisión, para eso se requiere que el Estado empiece a funcionar en La Araucanía”.

Hizo ver que la comisión “era el caballito de batalla del Presidente y lamentablemente para todos, no resultó. Esperamos esos proyectos en el Congreso que va a enviar el Presidente. Lo que no le puede dejar es un fierro caliente al futuro gobierno. Eso no. El gobierno debería haber resuelto esto, en este periodo, pero se demoraron mucho y en eso el gobierno es responsable. Vamos a esperar las propuestas y si las propuestas son buenas, las vamos a apoyar”.

Miguel Mellado, de Renovación Nacional, sostuvo que van a leer acuciosamente las conclusiones. “Me gustaría saber las razones del voto de minoría de Sebastián Naveillan para poder saber cuáles son las aprensiones de él en cuanto a tierras y cuántos millones de dólares corresponden a esas tierras, porque la plata en Chile no nace en los árboles, hay que tenerla, hay que producirla o hay que endeudarse. En este momento, esa cantidad de plata -que es casi el 1,5% del PIB- no hay”.

Hizo ver que “esto no es la panacea”, que “los atentados terroristas van a persistir, están ocurriendo y no van a parar hasta que no se llegue a desarmar a estas orgánicas terroristas, que es un tema totalmente distinto. No va a haber paz si no se desbaratan estos grupos terroristas. Además, nosotros no vamos a dejar que se pida perdón a una parte y no se le pida perdón a las víctimas del terrorismo en La Araucanía. Tiene que haber una preocupación y resarcir a las víctimas de la misma manera que se va a hacer con los mapuches”.

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, sostuvo que “no hubo unanimidad en la Comisión, requisito para que las recomendaciones sean entregadas al presidente, pero igual se entregarán. La comisión, igual a una sesión de la Convención Indigenista, cambió reglas a última hora”.

La diputada Gloria Naveillan, de Nacional Libertarios, calificó- a su vez- el acuerdo como una vergüenza y expresó su rechazo, diciendo que representa “una peligrosa insistencia en ideas que ya fueron rechazadas por la inmensa mayoría de los chilenos (...) en ambos procesos constituyentes”.

Domingo Namuncura, exdirector Nacional de la Conadi y exvicepresidente nacional indígena del PPD, salió en defensa del texto, diciendo que la cobertura de los 4.000 millones de dólares es de largo plazo. “Al menos, esto será menor a los subsidios estatales que el Estado ha entregado a los privados por décadas, a diarios, banca, empresas... Y en esos casos, y con un desenvolvimiento financiero estatal por muchísimos años en su favor, el mundo conservador nunca levantó alarmas ni rompió vestiduras”.

Leonardo Soto, diputado PS, también defendió la iniciativa diciendo que se trata de “un acuerdo histórico. Hay una esperanza concreta, que trasciende las disputas pacíficas y violentas que ha tenido por siglos La Araucanía que se buscan resolver con estas propuestas de futuro”. Y agregó que “conseguir la paz en una zona que a ratos ha sido una zona de guerra, tiene costos que creo los valen. Chile necesita buscar fórmulas de entendimiento y solución a los problemas graves que lo aquejan”.

Postura de la CPC

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se refirió al borrador final de la Comisión para la Paz a través de una declaración oficial. “Valoramos el esfuerzo realizado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que durante dos años realizó un intenso trabajo y dialogó con cientos de actores involucrados, con el fin de buscar soluciones al grave conflicto territorial que desde hace décadas golpea a la Macrozona Sur. Aunque aún no se conoce el texto con los contenidos y propuestas, se ha informado que la Comisión no logró la unanimidad de sus miembros, debido a legítimas diferencias en algunas conclusiones y propuestas”, señaló.

Y agregó: “Conforme a lo estipulado por la propia Comisión, esta falta de unanimidad en materias relevantes implica que el documento no puede ser aprobado, lo que significa que no se logró el objetivo buscado de consolidar una solución de largo plazo al conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, tal como planteó en sus orígenes la Comisión”.