La Cámara de Diputados aprobó en general, en primer trámite, el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en sus distintos ámbitos de aplicación.

La iniciativa, de autoría del Ejecutivo y refundido con un proyecto de los diputados Eric Aedo (DC), Tomás Lagomarsino (PR), Karen Medina (ind. DC), Cosme Mellado (PR), Erika Olivera (Demócratas), Rubén Oyarzo (ind.) Marisela Santibáñez (ind.) y Nelson Venegas (PS), fue visada por 63 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones.L

Sin embargo, en la jornada se rechazó el artículo 28 del proyecto, que aborda la responsabilidad civil en este contexto. Por ser norma de rango constitucional requería 77 votos favorables para su aprobación, pero solo obtuvo 63 apoyos, versus 49 rechazos y cinco abstenciones.

El artículo en cuestión señala que “la persona que sufra un daño como consecuencia de la utilización de un sistema de IA, podrá demandar civilmente y de forma conjunta respecto del operador: a) La cesación de los actos generadores de daño, b) La indemnización de los daños y perjuicios, c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, y d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante”.

La tramitación

El gobierno había puesto suma urgencia a la tramitación del proyecto, lo que obligaba a los diputados a votarlo en general y particular. Sin embargo, al inicio de la sesión el Ejecutivo retiró la urgencia, debido a que, según señalan diputados de oposición, no contaba con los votos para su aprobación.

Así, frente a la mirada del flamante ministro de Ciencia, Aldo Valle, el proyecto fue votado solo en general, por lo que vuelve a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Durante el debate, el diputado Diego Schalper (RN), explicó que el proyecto “pretende regular a los proveedores, implementadores y en general al ecosistema vinculado a la inteligencia artificial”. Agregó que la iniciativa “hace propio el modelo de regulación europeo que descansa en anticiparse al riesgo por la vía de permisos previos, a través de comisiones estatales -en el caso del proyecto, la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial- y supervigilancia, que en este caso se le entrega a la Agencia de Protección de Datos Personales en concomitancia con otras agencias”.

Sin embargo, fustigó el proyecto del Ejecutivo y anticipó que desde su sector votarían en contra por tres “errores conceptuales” que, a su juicio, presenta la iniciativa.

“El primero es sobrerregular una situación que todavía está en pleno desarrollo inicial (...) Se suponen permisos previos, burocracia, agencias fiscalizadoras, y a partir de esos trámites burocráticos, acompañado de multas draconianas, lo que se hace es asfixiar el desarrollo de la inteligencia antificial”, destacó Schalper.

“Además, en vez de tener un sistema de patentes flexibles, ágil, expedito, la verdad es que se le ponen muchas dificultades, salvo algunos beneficios en materia minera y, por lo tanto, nos parece que aquí no hay ningún tipo de facilitación del desarrollo de la IA”, agregó.

Finalmemte, señaló que “en el artículo 3° se habla de ‘incidente’ como un mecanismo punitivo, con una expresión lo suficientemente etérea para dejar nula posibilidad de certeza jurídica, en minuto de lo que necesitan todos aquellos que se quieren incorporar al ecosistema es precisamente certeza, certidumbre, seguridad jurídica”.

Por su parte, la diputada Paula Labra (ind.-RN), intregrante de la Comisión de Futuro y Ciencias, se refirió a la decisión del gobierno de retirar la suma urgencia.

“Al parecer el Ejecutivo estuvo muy preocupado sacando la calculadora política al ver que, probablemente, no tenía los votos para el proyecto, para la cual le retiraron la suma urgencia en medio de la tramitación. Por eso gestioné el cierre del debate para que pudiese ser votado el día de hoy, razón por la cual el proyecto vuelve a la comisión de Ciencias y esto nos da más tiempo para poder perfeccionarlo y poder ampliar el debate y levantar las alertas de maneras más amplia”, relevó.