En un diálogo con la prensa del Congreso la tarde de este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, hizo una apreciación general respecto al uso de las acusaciones constitucionales.

La autoridad de gobierno evitó, sin embargo, hacer un comentario acabado sobre la acción que se presentó contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

“Desconozco el contenido, los argumentos de la acusación y una vez que lo conozca probablemente podré tener una opinión más precisa. Lo único que yo he recordado es que la causal de acusación constitucional para delegados presidenciales es muy concreta en la Constitución, supone una infracción jurídica muy precisa y supongo que los acusadores y sus abogados tendrán presente esa situación", expuso la autoridad de gobierno.

El ministro acotó que “si lo que se desea es establecer un punto político para remover un cargo de exclusiva confianza, es una práctica parlamentaria que en un sistema presidencial rígido, por cierto, genera consecuencias indeseadas”.

El ministro dijo suponer que el libelo opositor “se hará a cargo de cómo opera la relación de causalidad en esos casos”.

“El único problema cuando uno desnaturaliza las instituciones es que ya después no tienen borde, y por lo tanto pareciera que cualquier hecho político puede ser resuelto a través de una acusación constitucional, y eso tiene consecuencias muy negativas para el sistema institucional. Yo quiero plantear solo esa advertencia, pero sobre el punto en concreto mejor leer el texto”, manifestó el secretario de Estado.