Mesa técnica propone que Contraloría zanje controversias entre gobernador y delegado

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El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Foto: Mario Téllez

Instancia, que se conformó para plantear ideas que perfeccionen la ley de regionalización, concluyó sus reuniones. Grupo de trabajo está elaborando el escrito final para entregárselo al Presidente Piñera. Texto recomienda no aplicar rentas regionales. Grupo de trabajo está elaborando el texto final para entregárselo al Presidente Piñera. Texto recomienda no aplicar rentas regionales.




Nueve reuniones tuvo la mesa técnica que se conformó a principios de julio con el objetivo de elaborar propuestas para perfeccionar la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización.

La instancia surgió como un planteamiento del Presidente Sebastián Piñera, durante su última cuenta pública, en medio de las críticas a la actual normativa que estableció el traspaso de competencias para los nuevos gobernadores regionales, de cara a las primeras elecciones que se concretarán en 2020. Esto, debido a que tanto en el oficialismo como en la oposición consideran que la actual ley no permite una verdadera autonomía de las futuras autoridades y que perjudicarían la instalación de los nuevos gobiernos regionales.

Incluso, algunos parlamentarios han planteado la opción de aplazar los comicios, lo que ha sido descartado, en más de una oportunidad, por el Ejecutivo.

En este escenario, la mesa -liderada por el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Felipe Salaberry, e integrada por otras 14 personas, entre ellas, el excontralor Ramiro Mendoza- concluyó el lunes 9 de septiembre las rondas de encuentros y comenzó a elaborar el documento final. El texto tendrá entre nueve y 10 capítulos -traspaso de competencias, resolución de controversias, atracción y retención de capital humano, entre otros-, y será entregado a Piñera la última semana de este mes o, a más tardar, la primera semana de octubre.

En el gobierno dicen que el trabajo de la mesa partió de la base de que las elecciones se mantienen para el próximo año y, por lo mismo, no hace alusión a una posible postergación. Asimismo, de acuerdo a las mismas fuentes, una mayoría de los integrantes propone la alternativa de que sea la Contraloría General de la República la que resuelva las controversias que puedan existir entre la acción del delegado presidencial -que será nombrado por el Mandatario- y el nuevo gobernador. Esto, sobre todo en aquellos casos en que ocurra alguna emergencia y haya duplicidad en las funciones.

En el Ejecutivo afirman que también se había evaluado como alternativa que el Tribunal Constitucional fuera el órgano encargado de dirimir. Sin embargo, se consideró que podría exceder su margen de acción.

En el preinforme, además, se acordó incluir que exista una evaluación de las competencias de las autoridades y que sea la Subdere y el ministerio que transfirió esa competencia los que estén a cargo de hacerla. Esto, porque actualmente la normativa solo incluye un seguimiento.

La mesa técnica también incluirá las causales por las cuales los nuevos gobernadores pueden ser acusados constitucionalmente. Eso sí, aún están debatiendo si serán iguales a la del Presidente de la República o a las de un ministro.

De igual manera, se recomienda que los integrantes de la unidad de control de auditoría sean elegidos por Alta Dirección Pública.

Consultado sobre el trabajo de la mesa, Salaberry se limitó a decir que "la mesa cumplió con el plazo comprometido con el Presidente Piñera".

Financiamiento regional

Pese a que no estaba contemplado inicialmente, otro de los capítulos que incluirá el informe de este grupo de trabajo es sobre el financiamiento regional, recalcando la importancia de la responsabilidad fiscal.

Así, una mayoría de los integrantes acordó que si bien debe existir la ley de financiamiento regional, tal como lo comprometió el gobierno y con distintas fuentes de financiamiento, recalcan que no se deben aplicar rentas regionales o impuestos regionales, ya que sería el "camino incorrecto".

En la Subdere dicen que a partir del informe final, una vez que sea aprobado por Piñera, se traducirá en proyectos de ley o medidas administrativas.

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