En la antesala de la votación que este lunes realizará la Cámara de Diputados sobre la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Diego Simpertigue, la presidenta de la comisión revisora, la diputada Maite Orsini (FA), salió a fijar posición frente a los reparos formulados por la defensa del magistrado, que solicitó la nulidad del procedimiento alegando graves vicios y vulneraciones al derecho a defensa.

A través de su cuenta en X, Orsini abordó directamente uno de los principales flancos abiertos por el abogado Felipe Lizama, quien sostuvo que la comisión habría votado sin conocer íntegramente los antecedentes de descargo presentados por la defensa.

Frente a ello, la parlamentaria afirmó que “la comisión resguardó el debido proceso”, explicando que incluso se repitió la votación precisamente para revisar los antecedentes cuestionados.

“Se repitió votación para revisar antecedentes y garantizar el derecho a defensa. La parte acusada no asistió”, sostuvo la diputada, en una referencia directa a la ausencia del propio Simpertigue en la instancia parlamentaria.

En este contexto, las declaraciones de Orsini apuntan contra la tesis de la indefensión que ha sido reiterada por la defensa del magistrado, quien se encuentra suspendido de sus funciones y en calidad de imputado por el Ministerio Público en el marco de la denominada trama bielorrusa.

En ese contexto, la parlamentaria señaló que la falta de ejercicio del derecho a defensa no puede imputarse a la comisión.

“No hay indefensión cuando se decide no ejercer ese derecho”, afirmó.

En el mismo tenor, la diputada también defendió el fondo del libelo acusatorio, que será revisado por la Sala de la Cámara en una sesión ordinaria fijada entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Según Orsini, más allá de las críticas al procedimiento, la acusación cumple con los requisitos exigidos por la Constitución.

“La acusación cumple estándar constitucional por notable abandono de deberes”, subrayó, alineándose con la decisión unánime que inicialmente adoptó la comisión revisora, pese a las controversias posteriores por la revisión de documentos enviados fuera de la primera votación.

Cabe señalar que el caso del ministro Simpertigue se enmarca en una investigación de alta complejidad, que indaga un viaje realizado por el juez junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos actualmente en prisión preventiva- pocos días después de que la Corte Suprema fallara a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio con Codelco.

La defensa del magistrado ha insistido en que la comisión incurrió en irregularidades inéditas, incluyendo la anulación de una votación ya realizada y la falta de revisión oportuna de pruebas esenciales.