En una decisión salomónica, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue una de las partidas que este miércoles la tercera subcomisión mixta decidió no someterla a votación y derivarla directamente a la siguiente fase legislativa.

La idea era evitar un rechazo de parte de la oposición, que adoptó la determinación de no aprobar ninguna partida más ante las dudas que había respecto de varios cálculos que había hecho el Ministerio de Hacienda, entre ellos la estimación del próximo reajuste salarial del sector público, que este año no fue incluido en el proyecto de la Ley de Presupuestos 2026.

En el caso de RR.EE. había, además, otros reparos. En uno de ellos los parlamentarios de oposición que integran esta subcomisión exigieron a la Cancillería transparentar el eventual costo que demandaría la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Si bien en la primera sesión en que se vieron los recursos del Minrel el canciller Alberto van Klaveren, prometió una campaña austera, precisando que era difícil hacer una estimación “exacta” de lo que demandaría aquella candidatura, igualmente accedió a enviar algún antecedente a la instancia presupuestaria del Congreso.

Aquella respuesta llegó el miércoles en la noche; sin embargo, la Cancillería no se movió de su postura, agregando un antecedente más: el costo de la campaña fue definido como un dato sensible y de interés nacional, lo que implica darle un carácter reservado o secreto.

“Desde un punto de vista presupuestario, la austeridad de la campaña impulsada por Chile implica que la candidatura será financiada con los recursos disponibles del presupuesto regular de la Cancillería, subtítulos 21 y 22 del año 2026, empleando las capacidades instaladas en las misiones de Chile en el exterior, así como considerando las invitaciones de organismos internacionales y gobiernos organizadores de eventos”, dice el oficio del Minrel, que fue repartido a los parlamentarios.

“En la actualidad resulta complejo estimar con precisión los costos que implicará esta campaña en el presupuesto 2026, habida cuenta que:

I. Nos encontramos en una etapa temprana de este proceso, estando en curso la planificación de las acciones y viajes mediante las que se desarrollará esta candidatura.

II. Esta información puede considerarse de interés nacional, cuyo conocimiento por terceros resulta un elemento sensible", concluye el documento, que no está firmado y tiene el formato de una minuta.

Molestia opositora

La respuesta cayó mal entre los legisladores de la oposición, ya que el oficio desliza que no solo hay un impedimento práctico, sino también legal y constitucional para revelar el antecedente

Según el artículo 8° de la Constitución, “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”.

Sin embargo, el mismo artículo de la Carta Fundamental hace una excepción, siempre que haya una ley de quorum calificado que lo permita y “cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. Este último concepto es mencionado en la respuesta de la Cancillería.

“Resulta insólito que el gobierno declare ‘sensible’ el costo de la campaña de Michelle Bachelet a la ONU. Parece que ahora cuánto se gasta en promover a una expresidenta es más secreto que las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas o de Carabineros. Mientras que el ministro Cordero y la ministra Delpiano entregan información al Congreso en sesión reservada del presupuesto, el canciller Van Klaveren esconde los gastos políticos del Ejecutivo. Queda claro que la transparencia se les acaba cuando se trata de cuidar sus intereses”, reclamó el diputado Agustín Romero (republicano).

“Antes de votar la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores pedimos claridad sobre dos temas que siguen sin respuesta. Por un lado, el eventual retiro del bono de escolaridad que reciben los funcionarios en el extranjero. Por otro lado, preguntamos cuánto costará la campaña para posicionar a la expresidenta Bachelet en la ONU y lo único que respondieron fue que era prematuro estimarlo. No se puede avanzar en la aprobación de recursos mientras no exista información concreta sobre ambos puntos, porque se trata de decisiones que comprometen fondos públicos y merecen transparencia”, advirtió el senador Gustavo Sanhueza (UDI), que ha estado presidiendo la tercera subcomisión.

En la bancada de RN también levantaron un reclamo.

“Este gobierno ha sido, por lejos, el que más ha abusado de sesiones secretas para evitar que información pública salga a la luz cuando les incomoda. Este es un ejemplo más, y lo grave es que se pasa a llevar la Constitución y la Ley de Transparencia porque se invoca de manera genérica una causal que, además, no dice relación con la naturaleza de la información que se quiere ocultar. Si insisten en esconder cuánto costará este nuevo gustito del Presidente Boric, iremos por transparencia y pediremos un dictamen al Consejo para la Transparencia de este nuevo intento de opacidad ya que no tenemos duda que se apela a un marco legal que no los respalda”, advirtió la diputada Carla Morales (RN), subjefa de su bancada.

Su reclamo apuntaba al hecho de que el gobierno si quisiera proteger un antecedente debe invocar la ley de quorum que los faculta para declararlo secreto o reservado. Por último, existe la posibilidad de que el gobierno pida sesión secreta para exponer aquel dato sensible, que fue el mecanismo que usaron los ministros de Seguridad y Defensa durante la discusión presupuestaria.