Pocos días después de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, responsabilizara públicamente a los gobiernos regionales por los convenios en el caso ProCultura, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca -imputado-, recibió un llamado del secretario de Estado, quien le dijo que su ánimo no era pelear.

En conversación con La Tercera, el exdirigente se desmarca del oficialismo, apunta a una “estrategia deliberada” de La Moneda para protegerse y admite sentirse decepcionado por el manejo político del caso.

“El gobierno se farreó la descentralización”, sostiene.

¿Cómo evalúa que el ministro Elizalde responsabilizara a los gobiernos regionales por ProCultura?

Me sorprendió. Lo que hace es que dificulta el proceso de descentralización. Me parece que el endilgarles la responsabilidad del caso ProCultura de esa forma a los gobiernos regionales es unilateral y mezquino.

¿Pudo hablar con el ministro?

Me llamó el jueves en la noche y tomé la decisión de contestarle. Me dijo que no tenía el propósito de pelear conmigo y que hemos enfrentado esta situación desde dos ángulos.

Esas declaraciones vinieron pocos días después de haberse reunido con él.

Son injustas con el proceso de descentralización cuando una semana atrás estuvimos con él. Tuvo un espacio protegido donde estaban 10 de 16 gobernadores reunidos. Es injusto que después de una semana el ministro Elizalde lo señale con tanta fuerza y tanta vehemencia. Lo que hace es exponernos ante la opinión pública.

¿Es un diseño de La Moneda?

Esta estrategia busca endilgar la mayor responsabilidad a los gobiernos regionales. Por eso me parecen temerarias esas declaraciones, especialmente cuando hay un proceso en curso. Me defrauda que La Moneda emita juicios de valor mientras existe presunción de inocencia, porque aún no hay una definición judicial.

Apoyó al Presidente en su campaña y ha estado políticamente cerca de él. ¿Cómo evalúa este trato?

Tiene que ver precisamente con el mal manejo comunicacional. En este último periodo se ha repetido uno tras otro. Ha habido un patrón conductual que no ha dado los resultados que La Moneda espera, y que finalmente lo que hace es precisamente provocar en nosotros, y en mí en particular, decepción.

¿Cómo responde al hecho de que, si bien el gobierno central tuvo más convenios con ProCultura, fueron los gobiernos regionales los que transfirieron montos más altos?

En 2023, con la Ley de Presupuestos, los gobiernos regionales teníamos la prerrogativa de la asignación directa. Si los montos eran menores a 7.000 UTM, la decisión era facultad de los gobernadores; si eran superiores, pasaban por el Consejo Regional. Todo estaba avalado por la ley. Tras el caso Democracia Viva, con la ley de 2024 se eliminan esas asignaciones directas y todo pasa a ser concursable. Y sí, lo concedo sin duda, los gobiernos regionales transfirieron montos bastante mayores que las transferencias hechas por el nivel central.

¿Esperaba una respuesta a La Moneda más firme de la Asociación de Gobernadores?

Habría esperado que en una situación de esta naturaleza la opinión del presidente de Agorechi (Pablo Silva, O’Higgins) hubiese estado mucho más consensuada. Me enteré de que se iba a reunir con el ministro Elizalde el mismo día y, por tanto, la postura que expresó el presidente de Agorechi es una postura con la cual tengo matices: falta energía.

Usted es un sujeto de interés para la Fiscalía en este caso.

Estoy absolutamente tranquilo. Sí me molestan las filtraciones que generan juicios de valor previos a decisiones judiciales y afectan la fe pública.

¿Cree que hubo “espionaje político”, como dijo el Frente Amplio?

El Frente Amplio no tiene unidad de criterio respecto de esto, si el propio candidato ha descartado la tesis del espionaje político. El propio Presidente, que es parte del FA. En este caso tengo la sensación de que no hay unidad de criterio de la tesis que levanta Contanza Martínez, presidenta del FA. Eso da cuenta de lo noveles de los dirigentes, porque en la práctica tuvieron un mal manejo.

En marzo del año pasado la Fiscalía solicitó interceptar su teléfono, pero el tribunal rechazó esa solicitud. ¿Estaba al tanto?

No lo sabía. Me parece muy preocupante, no sé cuál es el motivo.

¿Ve motivaciones distintas?

Podría levantar alguna tesis, pero sería temerario hacerlo ahora. ¿Por qué un fiscal de la Región de Coquimbo quiso interceptar mi teléfono, cuando la investigación demuestra que no tengo ninguna relación con Alberto Larraín? Es curioso que se haya intentado interceptar mi teléfono cuando la justicia sabe perfectamente bien que nuestra responsabilidad en esta materia se encuentra eximida de toda penalidad. Esto ocurre en marzo, meses antes de una elección. Me parece una distracción innecesaria y una pérdida de recursos. Probablemente -lo digo con toda responsabilidad- tiene que haber habido algún móvil distinto, un móvil subjetivo que motivó al fiscal a solicitar la intervención de mi teléfono.

Se ha mencionado que Alberto Larraín tenía cercanía con varios gobernadores. ¿Tuvo usted algún tipo de vínculo, conversación o contacto con él?

No tengo ninguna relación con Alberto Larraín y no estoy en ningún chat con él.

¿Conoce a Sebastián Balbontín?

Sí. Fue consejero regional electo democráticamente. Renunció a propósito de la elección de alcalde en Limache.