Diversas reacciones en el mundo político generaron las explicaciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien este viernes suspendió sus vacaciones para referirse a la cirugía exprés a la que fue sometida su madre, Lucía Sanhueza Vargas, en el Hospital del Salvador, el pasado 23 de diciembre.

Durante su comparecencia ante la prensa desde el recinto médico cuestionado, la secretaria de Estado señaló que “quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada, y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída”.

Además, descartó presentar su renuncia por este caso, pese a las presiones de la oposición.

En ese contexto, es que la aclaración brindada por Aguilera desencadenó reacciones en senadores y diputados, tanto en ejercicio como electos, tanto desde la oposición como del oficialismo.

El médico y jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, criticó la demora que tuvo la ministra Aguilera para dar a conocer su versión del hecho.

Pese a valorar que la secretaria de Estado haya “dado la cara” con la conferencia de esta tarde, lo que a su juicio “ayuda a despejar” el tema, Castro indicó que “es evidente que esto se pudo haber hecho desde el principio”.

Respecto de un eventual costo político para el gobierno por esperar más de una semana en salir a aclarar el tema, el parlamentario PS sostuvo que “este es un conflicto donde la omisión, o el no salir a tiempo a precisar los detalles de las cosas, juega una mala pasada”, dijo a 24H.

“Creo que esto se pudo haber evitado y las cosas, cuando se tratan de temas de probidad, que son extremadamente delicadas, lo mejor es salir con toda la verdad desde el principio”, sostuvo. “Si hay algún error en el manejo, ha sido el no entregar en su momento una declaración como la que hoy entrega la ministra”.

Desde la vereda del frente, la subjefa de la bancada de diputados UDI, Marlene Pérez, sostuvo que “la ministra conoce perfectamente el nivel de colapso que vive hoy el sistema público de salud. Sabe que los cupos son escasos y que cada uno de ellos puede marcar la diferencia entre vivir o morir”.

“Por eso, más allá de la explicación técnica, es legítimo preguntarse si es responsable que personas con capacidad de pago en el sistema privado utilicen cupos que están destinados a quienes no tienen otra alternativa”, planteó la legisladora.

En tanto, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, cuestionó que “lo ocurrido en salud es inaceptable. Las prioridades deben definirse por criterios clínicos, no por pitutos. Que un paciente muera tras ser postergado mientras se favorece a un familiar de la ministra Aguilera es una vergüenza. Debe asumir responsabilidades el gobierno de Boric".

El integrante de la comisión de Salud, el republicano Agustín Romero, agregó que “si las explicaciones que dio la ministra de Salud eran tan simples como se ha dicho después, la pregunta es, ¿por qué no se entregó a tiempo?“.

“Cuando una autoridad guarda silencio o espera que otros aclaren un hecho que le involucra, las dudas crecen y un problema clínico termina transformándose en un problema político”, sumó.

Asimismo, adelantó que “nosotros no queremos sacar conclusiones apresuradas, pero sí creemos que este caso debe aclararse con total transparencia. Por eso corresponde para nosotros pedir que la Comisión de Salud cite a la ministra y a las autoridades del Hospital del Salvador para que expliquen con claridad qué ocurrió y cómo se tomaron estas decisiones”.

Desde Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, quien emprendió acciones legales contra Aguilera por este hecho, afirmó que “quién se excusa, se acusa. Ya hemos conocido los dichos de la ministra de Salud que se contradicen absolutamente con los documentos que se han conocido por intermedio de las investigaciones que han realizado los medios de comunicación, que merecen toda mi credibilidad".

“Aquí lo que corresponde y lo quiero aquí ratificar es que el fiscal nacional (Ángel Valencia) designe a un fiscal regional con dedicación exclusiva y pueda investigar la eventual comisión de un delito de tráfico de influencias. Esto es grave, esto pone en duda todo el sistema de las listas de espera, donde mueren 40.000 personas al año. Hay que serlo y parecerlo y por eso espero que el fiscal nacional pronto designe un fiscal regional y se inicie la investigación partiendo con la citación a la ministra de Salud", recalcó Celis.

Por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Daniel Lilayú, destacó que “la respuesta de la ministra es tardía. Y lejos de aclarar los hechos, abrió aún más dudas, porque no se hace cargo de las contradicciones entre lo informado por el Hospital del Salvador, con lo que supimos por un reportaje sobre la posible alteración del orden en las cirugías durante esa jornada”:

“Una ministra de Salud es autoridad las 24 horas del día y eso implica responsabilidad por acción o por omisión. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se actuó, qué se omitió y por qué existen diferencias tan evidentes en los tiempos de espera, cuando allí personas han esperado 24 horas en la Urgencia”, sumó Lilayú, cuestionando la excusa de Aguilera, respecto a la solicitud de una silla de ruedas: “Cuesta creer que pedirla sea lo único extraordinario durante este proceso”.

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo, sostuvo que en este gobierno, “solo existen los protegidos”.

“Que la ministra de Salud diga que no piensa renunciar aún cuando reconoce que esta crisis ya golpea a su familia, confirma algo más grave y es que este en este gobierno las responsabilidades no existen, sólo existen los protegidos. El Presidente Boric ha instalado una lógica de amiguismo donde los ministros no responden al país, responden al círculo de poder que lo sostiene", cuestionó Arroyo.

“Aquí no se evalúa la gestión, no se miden resultados, no se asumen errores, se cuidan entre ellos mientras la salud pública en Chile sigue colapsando. Nuestro país no necesita autoridades blindadas políticamente, necesita ministros que respondan por sus actos y cuando para el Presidente no existe responsabilidades, significa que el mismo Mandatario es parte del problema, o qué tal vez ya se fue de vacaciones”.

El diputado electo del Partido de la Gente, Patricio Briones, criticó que “este gobierno, a pocos meses de extinguirse, demuestra una inoperancia totalmente fuera de lugar, en el control tanto de daños como en estas crisis”.

“La ministra, más que recibir una defensa corporativa, debió dar un paso al costado, y dejar que las instituciones operen con suma autonomía y prioridad en la resolución de este caso. Esto obedece a la desconfianza que existe de la ciudadanía –justamente- para con sus representantes cuando se eligen personeros de gobierno que no están a la altura de las circunstancias", añadió.

Otra de las autoridades electas, la futura diputada republicana, Javiera Rodríguez, agregó: “En este gobierno nadie asume responsabilidades. No toman en serio los cargos que ostentan. Si se comprueba que la ministra ha usado su influencia como ministra para atenciones especiales, lo mínimo que debería hacer es renunciar y luego, enfrentar la ley si corresponde”.