Cuatro representantes del gobierno del Presidente José Antonio Kast concurrieron a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Los ministros María Paz Arzola (Educación) y José García (Segpres), acompañados por los subsecretarios de las carteras -Daniel Rodríguez y Constanza Castillo, respectivamente-, arribaron hasta la instancia legislativa para iniciar la discusión del proyecto “que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”, más conocido como “Escuela Protegida”, según lo dio a conocer el propio gobierno.

El proyecto, de seis artículos permanentes y uno transitorio, ha generado una fuerte resistencia -incluso en las filas que sustentan al Ejecutivo- producto de su artículo 6, que incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria.

Dentro de los tres requisitos que exige la ley actual, el gobierno de Kast quiere incorporar una nueva condición que establece “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

A continuación, la iniciativa gubernamental, establece que la inhabilidad tendrá una duración de cinco años “desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

El despliegue de Schalper

Uno de los primeros diputados en marcar distancia respecto de la modificación de la actual normativa de gratuidad fue el jefe de bancada de RN, Diego Schalper.

Hace unos días, el diputado ya había advertido que sería un “error” del gobierno abrirse a modificaciones, particularmente con lo relativo a la limitación para mayores de 30 años.

Y este martes, una vez finalizada la sesión de la comisión de Educación -y hasta el cierre de esta edición- estaba sosteniendo una reunión con otros dos integrantes del mismo espacio legislativo que representan a la oposición: Juan Santana (PS) y Héctor Barría.

Consultado por este medio, Schalper aseguró que si bien apoya el proyecto, agregó que “nos parece fundamental que tenga una base de apoyo amplia, para eso, hay que conversar y encontrar puntos de acuerdo”.

Su compañera de bancada, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), también tomó distancia de la medida que pretende introducir el gobierno.

Requerida por este medio, sostuvo que “hay que analizar caso a caso”.

Y agregó: “Más que al niño, yo le pondría el foco a la familia porque existe el derecho responsable de los padres y padres de sus hijos y hoy día lamentablemente le estamos cargando la mata a los niños y no a las familias”.

Y remató: “Hay que tener mucho cuidado, ver el entorno, ver cuál es la gravedad del hecho y hay que tener cuidado con esto de fijar el tema de la gratuidad, porque hemos visto que mucha gente ha tenido no idea social justamente por la gratuidad”.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), si bien sostuvo que quitar la gratuidad “constituye una sanción válida”, añadió que “estimamos pertinente considerar la reincorporación de este beneficio, siempre que se cumplan condiciones claras orientadas a la reinserción y al cambio de conducta”.

La diputada Sara Concha, en tanto, manifestó sus dudas en la sesión de comisión.

Dirigiéndose directamente a la ministra Arzola, afirmó que para la aplicación de la sanción “deben existir criterios mínimos”.

“No es lo mismo alguien que porta un arma de fuego, le dispara a alguien y muere por ello, a una persona que se vio involucrada en una riña donde hay golpes. Eso hay que establecerlo”, complementó Concha.

Al cierre de la sesión, fue el ministro García quien recogió el guante.

“Nosotros estamos llano a recoger las indicaciones que ustedes hagan” aseguró el jefe de la Segpres.

Y añadió que “la necesidad siempre en un proceso legislativo es de mejorar las iniciativas de ley. Y por lo tanto, bienvenidas las indicaciones, podemos conversarlas”.