El año pasado, la justicia ordenó a Mall Plaza La Serena instalar un ascensor en la pasarela del sector Huanhualí. La obligación surgió luego de una demanda presentada por un joven en silla de ruedas, quien demandó al recinto porque el acceso para personas con habilidades reducidas estaba bloqueado.

Este tipo de acciones podría ir en aumento, considerando la existencia del Decreto Supremo N° 50 de Accesibilidad Universal, que con casi un año y medio de vigencia, pretende transformar las ciudades para hacerlas más accesibles a la población que posee capacidades reducidas.

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Según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC II), en Chile hay un 20% de mayores de 18 años con discapacidad. El segmento etario donde hay un porcentaje mayor, es el de personas de más de 60 años (38,3%).

El reglamento rige para los nuevos espacios públicos y aquellos existentes que se remodelen y todo edificio de uso público. Las edificaciones nuevas deberán acogerse a los nuevos requerimientos. Para las obras construidas entre el año 1994 y 2016, existe una disposición transitoria que entrega un plazo de 3 años para regularizar la situación. Las edificaciones construidas entre el 2010 y la entrada en vigencia de este decreto, tendrán 3 años para adecuarse y tienen un plazo de 30 meses para ingresar el expediente con las adecuaciones.

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Durante el primer trimestre de 2017 la consultora BAU Accesibilidad entregó un informe que daba cuenta del lento avance de la incorporación de esta norma: en 10 comunas de la RM (Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes, La Reina, San Miguel, Santiago, Ñuñoa, Independencia y Macul), sólo el 11% de los permisos de edificación que requieren de un Expediente de Accesibilidad, incluyó este documento en las solicitudes de anteproyectos. "Tanto las direcciones de obras (DOM) como las inmobiliarias, no han sido conscientes de la importancia que tiene diseñar y construir de manera accesible y del riesgo que están sujetos, como demandas o la clausura del inmueble por no cumplir la norma", indica Andrea Boudeguer, directora Ejecutiva de BAU Accesibilidad.

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La ruta accesible

Según la legislación, la fiscalización recae en el Director de Obras, quien podrá en cualquier momento fiscalizar en terreno y denunciar los incumplimientos al Juzgado de Policía Local. Y las multas asociadas van de 10 a 120 UTM. "Las DOM son conscientes del problema, pero no tienen las herramientas técnicas suficientes ni la capacidad para abordar la fiscalización", dice Boudeguer.

Agustín Pérez, director de Obras de La Florida y presidente de la Asociación de Directores de Obras indica que están conscientes de la norma y la aplican, pero los edificios de servicios públicos sobre 100 personas están fuera de su ámbito de acción. "Nosotros vemos normas urbanísticas. Son los revisores independientes inscritas en el registro del Minvu quienes aprueban la accesibilidad universal en esos casos", dice Pérez.

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Cecilia Leiva, presidenta del Comité de Arquitectura Deportiva del Colegio de Arquitectos y delegada para Chile en el tema de accesibilidad universal ante la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), explica que en la nueva reglamentación hay un tema clave: "la ruta accesible". "Es un factor muy significativo, porque lo que importa es la secuencia del camino que hace un individuo con menor capacidad. Creo que en este último año ha habido un gran interés del sector privado y diversas instituciones por cumplir la norma, pero en términos municipales, no sé si lo tengan muy claro", comenta Leiva.