En nuestro país, más allá de la coyuntura, se ha establecido un consenso político de fondo sobre la necesidad de financiar una reforma educacional esencial para incorporar más y mejor capital humano a los jóvenes, y con eso incrementar la productividad y las oportunidades salariales. Esta iniciativa requiere aumentar los ingresos fiscales y, por tanto, llevar a cabo una reforma tributaria. Todo ello, finalmente, se traduciría en mayor competitividad país, una distribución del ingreso más justa y estabilidad política de largo plazo. Un juego donde todos ganan.

El problema se produjo al especificar los instrumentos. El Gobierno optó por un mecanismo inédito en el mundo como régimen general, el de renta atribuida, y lo combinó durante el debate parlamentario con el sistema semi integrado. O mejor dicho, trató de hacerlo, ya que a esta altura de la discusión, la opinión generalizada es que ambos son incompatibles en la práctica. En su oportunidad se le advirtió con tiempo y de muchas formas que la reforma propuesta era un experimento complejo de administrar, y que afectaría la inversión. Sin embargo, primó la prisa sobre el debate racional, lo ideológico sobre soluciones técnicas y la soberbia sobre la sencillez del conocimiento.

Se escuchó poco, muy poco, lo que fue un pésimo presagio de lo que vendría: en Chile, las reformas económicas profundas siempre habían sido discutidas con transparencia y profundidad. El debate parlamentario usualmente ponía a prueba la calidad de la iniciativa, y era justamente el dispositivo indispensable para testear que el proyecto había sido bien hecho y cumplía sus objetivos. En este caso, tal dispositivo no funcionó. Se presionó por una rápida aprobación, donde la enorme popularidad inicial del Gobierno amenazaba silenciar cualquier atisbo de rebelión y era difícil oponerse a esa agobiante, aunque transitoria, mayoría.

El contexto cambió más rápido de lo esperado. La inversión se vino al suelo, la incertidumbre política y económica aumentó, y el paso del tiempo confirmó las advertencias de quienes nos opusimos a la Reforma Tributaria como fue planteada por el Ejecutivo. Hoy ya no están los ministros que impulsaron la reforma, hay otro equipo que entiende la importancia del crecimiento económico y sabe escuchar de verdad. En este nuevo contexto se han creado las condiciones para superar una mala política pública en materia tributaria, corregirla sin continuar incurriendo en costos adicionales y retornar a la senda del crecimiento. Así, existe la oportunidad de enviar un proyecto nuevo que tenga como condición resguardar el consenso político de recaudar tres puntos del PIB para financiar las mejoras en educación y que, a su vez, sea compatible con el desarrollo económico.

Hay cuatro elementos que deberían ser centrales en esta tarea. Primero, entender que los problemas de la reforma son estructurales, lo que significa que la metodología de solución es primero legal y después por normativa y circulares, y no al revés como se ha planteado. Esto implica optar por sistema u otro, lo que razonablemente implica eliminar el sistema de renta atribuida o relegarlo a un régimen excepcional de sociedades de personas, como opera en Estados Unidos y otros países desarrollados. Segundo, como una señal concreta pro inversión y crecimiento, volver a un esquema 100% integrado que fomente la inversión y sitúe la tributación empresarial en niveles competitivos internacionalmente. Tercero, asegurarse de mantener mecanismos anti-elusivos que resguarden la integridad y justicia del sistema. Y, finalmente, el cuarto y más importante, llevar adelante la corrección con debate de altura y acuerdo amplio, porque esa es la gran lección de largo plazo que nos ha dejado la reforma, su apresurada discusión más que generar una solución para el país creó un problema. El debate parlamentario verdadero es esencial para evitar costosos errores y los consensos bien asentados dan carácter de largo plazo a las políticas públicas.

El camino al desarrollo de nuestro país no estará exento de curvas y retrocesos, pero si podemos remediar los traspiés a tiempo y ojalá evitarlos, todo avanzará mejor para Chile.

*El autor es ex subsecretario de Hacienda, ex superintendente de Valores y Seguros y presidente de ICR Chile.