El TDLC deberá resolver prontamente un juicio en que se definirá si CorreosChile tiene o no el monopolio excluyente sobre el envío de correspondencia certificada dentro del territorio nacional en temas vinculados con salud.

El conflicto surgió luego que la empresa de correos privada WSP Servicios Postales demandó a la Superintendencia de Salud por darle la exclusividad absoluta a CorreosChile sobre las cartas que por ley tienen que enviar las Isapres a sus afiliados, entre ellas, las de alzas de planes. A la demanda se unió Consalud en representación de las isapres.

Tanto la Super de Salud como CorreosChile sostienen que desde 1960 la empresa estatal tiene un monopolio legal que excluye a los particulares, y que las empresas privadas que actualmente envían cartas estarían actuando en la ilegalidad. El fundamento viene de un decreto de esa época que le dio a Correos de Chile el monopolio sobre el envío de toda la correspondencia.

En opinión de WSP y las Isapres este monopolio no es excluyente, porque el año 80 se dictó otro decreto que autoriza que participen empresas privadas en el envío de cartas. Entre otras razones, se refirieron a que la Superintendencia tiene la facultad de permitir a particulares participar en el mercado cuando una mayor eficiencia y competitividad lo justifique.

Además, hicieron hincapié en que los servicios de correo privado son más eficientes y cuentan con mejor tecnología, lo que beneficia a la competencia, a las isapres y finalmente a los consumidores.

Para fortalecer su defensa, CorreosChile sumó un peso pesado: Felipe Bulnes, el ex representante chileno ante La Haya. A él se suma José Manuel Bustamante, de BUP. WSP es representada por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret (Pellegrini & Cía) e Isapre Consalud por Rodrigo Díaz de Valdés y Santiago Ried (BakerMckenzie). Por el lado de la Superintendencia de Salud, la defensa la asumieron Carla Bordolí y Cristián Doren (BDyL).

En los alegatos finales, que tuvieron lugar la semana pasada, los abogados de la Superintendencia y Correos de Chile insistieron en que todas las empresas privadas que envían correspondencia están actuando fuera de la legalidad y que tiene que sacárseles de este mercado, porque esto es un monopolio excluyente de la empresa estatal. Los abogados de WSP y Consalud sostuvieron que todas las empresas públicas -con excepción de la Superintendencia de Salud- autorizan el envío de las cartas certificadas que exige la ley a través de empresas privadas, reconociéndoles la certeza que se necesita para esas comunicaciones.

Citaron como ejemplo las cartas que se envían por exigencia de la ley del trabajo, ley de familia, de municipalidades, entre varias otras que sumarían más de 300 casos similares, siendo la Superintendencia de Salud la única excepción, sin que exista un fundamento para tal decisión.

En los próximos días, el TDLC deberá decidir si la Superintendencia debe autorizar la participación de privados en la entrega de cartas certificadas o si el monopolio debe mantenerse de manera exclusiva y excluyente en la empresa estatal, sin que puedan participar privados.

La decisión que deberá tomar el TDLC generará un fuerte impacto en el mercado, ya que tiene la posibilidad de obligar a la superintendencia que autorice la participación de las empresas privadas de correo que compiten con la empresa estatal, o bien, revertir esta situación y dejar fuera del marco legal a todos los servicios de correo privado confirmando un monopolio exclusivo y excluyente para Correos de Chile.