A meses de dejar de operar, Alsacia logra que gobierno suba en $40 pago por pasajero

Alsacia

La empresa, que mantiene una demanda contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, pasará a recibir ahora $678,22 por pasajero. Esto, hasta fines de febrero, cuando venza la fase de transición. El aumento se debe a la aplicación de una revisión que estaba pendiente desde 2016.


Un reajuste de $40,5 es lo que operador de Transantiago, Alsacia -controlada por los hermanos colombianos Carlos y Francisco Javier Ríos y que mantiene una demanda ante el Estado de Chile en el Ciadi-, y el Gobierno acordaron en el pago por pasajero transportado (PPT).

Esto se aplicará durante el periodo de transición de servicios, luego que el pasado 22 de octubre finalizara el contrato con la compañía.

A raíz de ello, el ministerio Transportes y Telecomunicaciones (MTT) aplicó un mecanismo que estableció condiciones especiales de transición hasta el 28 de febrero del próximo año. Según explicaron desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), a partir del 23 de octubre se firmó un acuerdo que establece condiciones de operación de la empresa durante esa etapa.

Este acuerdo establece como resultado un pago por pasajero transportado de $637,71 que luego aumentará, en la medida que finalice la tramitación administrativa de los acuerdos a la revisión excepcional y programada, a $678,22.

Dicho aumento, señalan, se debe principalmente a la eliminación del programa de operación de flota y quite de servicios, decreto que está en tramitación, por lo que el alza será efectiva una vez que esté finalizado.

"Esto incluye, entre otros ítems, la reducción de la flota en 242 buses y el menor tiempo de operación que tendrá la empresa durante la transición. Por ello, correspondió la reducción de la garantía fiel de cumplimiento de operación y laboral para la compañía durante este periodo", señaló a PULSO el DTPM.

"Es necesario recordar que la garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión, por ley deberá ser extensiva por un año adicional al término de contrato, por lo que durante la transición operaran las dos garantías en forma conjunta.

Además, para la transición se estableció la extensión de las mismas condiciones que rigen los procesos sancionatorios para que sean aplicados durante este lapso", indicaron.

Desde el DTPM también aclararon que como parte del cierre de contrato de Alsacia, la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano concluyó las negociaciones programadas y excepcionales que la empresa mantenía abierta con la autoridad desde 2016.

Por ello es que se firmaron addendum que permitieron cerrar históricas negociaciones y dar paso al fin del contrato de concesión de la compañía, los que actualmente se encuentran en procesos de tramitación administrativa correspondiente.

Según detallaron, estas contemplaron cuatro aspectos principales. Entre ellos, la incorporación del Tren Alameda-Nos ($14,47), adelanto de negociación colectiva ($ 9,62), eliminación del programa de operación de servicios de Alsacia y la diferencia de flota ($27,92) y ajuste de PPT por variación de IPK ($13,28).

Sin embargo, indicaron que la variable de negociación colectiva rige solo hasta el 22 de octubre, esto significa que este valor fue eliminado del pago correspondiente a las condiciones de operación que se extenderá a partir desde esa fecha hasta el 28 de febrero del próximo año.

Además, indicaron que la variable de la eliminación del programa de operación de flota y quite de servicios es un decreto que aún está en tramitación. Esto considera, además, un acuerdo que permitirá la Estado de Chile resguardarse de futuros pagos de este ítem ya que es uno de los alegatos que la empresa presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Según conocedores del tema, la decisión eleva la presión sobre los costos de un ya complicado sistema de transportes. Al primer semestre, Transantiago aumentó su déficit en 21% a su nivel más alto en nueve años.

En 2017, la compañía recurrió al Ciadi acusando que el Estado adoptó medidas que causaron perjuicios económicos y reputacionales. Los demandantes presentaron el 24 de octubre pasado su respuesta a la defensa de 568 páginas que el Estado entregó hace unos meses al tribunal internacional.

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