Fue uno de los temas que acompañó desde un principio la tramitación del proyecto que reformulaba el sistema de financiamiento de la educación pasando del Crédito con Aval del Estado (CAE) al FES. El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lo alertó en una de sus presentaciones que hizo para analizar el proyecto.

“Pese a que el informe financiero del proyecto de ley asume que el FES es un activo financiero (y como tal sus operaciones asociadas se consideran bajo la línea)”, y debido a que “hay incertidumbre respecto a la naturaleza fiscal del instrumento de financiamiento del FES”.

Por ello, “se sugiere establecer una instancia de coordinación con organismos pertinentes para determinar con claridad la naturaleza fiscal de este instrumento y las normas apropiadas para su registro”.

Y ahora tras un requerimiento del diputado republicano exRN, Miguel Mellado, la Contraloría se pronunció.

Así en el dictamen “Normativa contable, financiamiento educación superior, crédito con aval del Estado, valorización activos, activo financiero, activo contingente”, planteó que “en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”.

En otras palabras y según varios expertos, lo que quiere decir la Contraloría es que tal como está planteado el informe se debe considerar como gasto público y no como activo. La diferencia es que el primero es considerado como deuda y por ende tiene implicancias en el balance fiscal estructural, mientras que el segundo se contabiliza bajo la línea.

Asimismo, el dictamen indica que “solo en el momento en que se determina el monto a cobrar, en base a los ingresos obtenidos por el beneficiario, se podrá contabilizar un activo por la cuenta por cobrar respectiva”.

Adicionalmente, cabe señalar que, “tratándose del Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas- ya sea parcial o total-, este supondría una baja en los activos financieros registrados actualmente por la Subsecretaría de Educación Superior, con su respectivo impacto como gasto patrimonial”.

Los expertos

La investigadora senior del CEP, Sylvia Eyzaguirre, afirma que “el hecho de que el Fes no sea un crédito que se manifiesta en la disociación del costo de financiar los estudios superiores con la contribución futura, hace que el financiamiento de los estudios se efectivamente un costo (fiscal)”.

En ese sentido, planteó que “con el dictamen de la contraloría queda claro que los recursos que se entregarían son gasto que deben considerarse como deuda. Ello significa que el informe financiero presentado por la Dipres está equivocado. El gasto fiscal aumentaría exponencialmente afectando el equilibrio fiscal”.

María Paz Arzola, investigadora de LyD sostiene que “este dictamen introduce un cuestionamiento al modo como el gobierno ha definido se deben contabilizar los desembolsos del FES, esto es, los recursos que destinará al pago de los aranceles regulados. Establece que estos no cumplen con los requisitos para ser considerados como un activo, con la consecuencia que no podrá registrarse “bajo la línea”, es decir, como una transacción que no afecta el patrimonio fiscal”.

Par Arzola, el proyecto se debe reformular porque “tiene falencias en varias dimensiones y una de ellas tiene que ver con la incertidumbre sobre su efecto fiscal, que podría estar subestimándose”.

En ese sentido, la experta plantea que “el diseño del Fes contempla que el sistema se financie a través del sobrepago por parte de egresados de mayores rentas, pero en caso que estos opten por otro mecanismo de financiamiento, entonces la demanda de gasto público será mayor”.

Por ello, indica que “pudiendo en definitiva terminar requiriendo de más recursos fiscales, tal como ya ocurrió con el CAE e incluso con la gratuidad, que nos está costando el doble de lo que se presupuestó”.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, dice que el Fes no es un activo financiero, porque no hay una contraprestación, sino que se debe convertir en un crédito ya que mantenerlo así es inviable porque generará una presión fiscal adicional afectando la deuda pública y el balance fiscal.