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De los vinos al Rewe: las críticas de comunidades indígenas al megaproyecto de Mataquito en Comité de Ministros

Las asociaciones Nonken Libko Lelfün y Koñintu Lafken Mapu impugnaron ante el Comité de Ministros el proyecto eléctrico Itahue-Hualqui, denunciando impactos en territorios ancestrales y exigiendo una consulta indígena. En contraste, Mataquito Transmisora defendió la validez de su permiso ambiental y aseguró el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Foto de referncia de una línea de transmisión. FOTO PABLO VÁSQUEZ R Pablo Vásquez R.

El proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui” es la segunda obra de transmisión eléctrica más relevante del país y una pieza fundamental para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con una inversión de US$324 millones, su trazado conectará la zona centro con la zona sur a través de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

A pesar de su relevancia, la iniciativa enfrenta hoy importantes desafíos para su ejecución. A finales de 2025, un grupo de agrupaciones indígenas y asociaciones de municipios solicitaron al Comité de Ministros, entidad presidida actualmente por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, revocar el permiso ambiental de la iniciativa.

Desde Mataquito Transmisora indicaron a Pulso que “el proyecto fue aprobado por el Comité de Ministros en junio de 2025, incorporando una serie de condiciones ambientales que se están cumpliendo íntegramente. Confiamos en la institucionalidad chilena. La iniciativa avanza según lo planificado, en coordinación con los organismos públicos y dando estricto cumplimiento de lo establecido en la RCA”.

El pasado 25 de marzo, el gerente general de Mataquito Transmisora de Energía (Mate) —filial de Celeo— Alan Heinen solicitó una prórroga de 10 días hábiles para presentar formalmente sus descargos frente a los cuestionamientos de las comunidades.

Alan Heine, gerente general de Mate.

Celeo es un gigante en la transmisión de energía en Latinoamérica. La española Elecnor tiene el 51% de la propiedad y el 49% restante el fondo holandés APG que constituye una de las principales gestoras de fondos de pensiones del mundo y materializa su participación en Celeo a través de Pasterze Investments Holding, B.V.

Entre los reclamantes que buscan impugnar el proyecto se encuentran diversas autoridades y organizaciones sociales. Destacan la alcaldesa de Hualañé, Carolina Muñoz, y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, junto a la Asociación de Municipalidades Urbanas y Rurales del Maule y la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata.

A este bloque se suman la Junta de Vecinos Los Boldos Las Villas, la Villa Los Presidentes de Chile, la Corporación Mawizako y el centro de padres de la escuela John F. Kennedy, ubicado en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío. Asimismo, la resistencia al trazado integra a comunidades originarias como las asociaciones indígenas Nonken Libko Lelfün y Koñintu Lafken Mapu, además de agrupaciones territoriales como Las Socias de Toconey, el club de adulto mayor Nuevos Horizontes del Río Maule y un grupo de 17 personas naturales.

Las asociaciones Mapuches Nonken Libko Lelfün y Koñintu Lafken Mapu denunciaron que el proyecto impactará especies endémicas y hierbas medicinales esenciales para su cultura.

Según las comunidades, el trazado del proyecto se sitúa a solo 4 kilómetros de los Menokos, humedales, donde se ubican el Rewe (altar ceremonial) y el Chamamull (estatuas rituales). Estos lugares son centros espirituales fundamentales para realizar rogativas y el Guillatuwe.

“Por donde pasa el trazado del proyecto, genera la afectación de la fragmentación del hábitat y espacios de significancia cultural ceremonial como de sustento económico”, añadió.

Ambas agrupaciones solicitaron formalmente la realización de una Consulta Indígena, argumentando que el proyecto genera una susceptibilidad de afectación directa sobre sus comunidades y territorios.

Otras críticas

Por otro lado, las críticas presentadas por la alcaldesa de Hualañé y las asociaciones de municipalidades se centran en la falta de rigurosidad en la evaluación de impactos ambientales y sociales del proyecto.

La jefa comunal también denunció que la instalación de torres de alta tensión daña irreparablemente el valor paisajístico de la comuna, lo que afecta directamente el potencial turístico de la zona.

Asimismo, la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) destacó que el trazado pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Nonguén, único parque nacional urbano de Chile, que alberga especies protegidas y es vital para el suministro de agua.

Mientras, la Asociación de Municipalidades Urbanas y Rurales del Maule (AMURMaule) en su reclamación sostuvo que el trazado de las líneas de alta tensión impacta áreas de gran valor agrícola donde se desarrollan actividades de vitivinicultura fundamentales para la economía local.

La Asociación de Municipalidades del Valle del Itata advirtió que la instalación de la infraestructura eléctrica y las torres de alta tensión degradan el paisaje y podrían afectar la denominación de origen y el potencial del enoturismo en el Valle del Itata.

“El área de influencia del proyecto y su trazado, comprende zonas de gran valor agrícola, donde se desarrollan actividades de vitivinicultura que son fundamentales para la economía local y que se verían seriamente afectadas", añadió.

“La instalación de estas estructuras de gran envergadura (torres de alta tensión) genera un impacto paisajístico negativo, degradando el entorno que sustenta actividades como el enoturismo y que forman parte de la identidad cultural y productiva del Valle", concluyó.

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