La situación migratoria del país sigue siendo materia de seguimiento a nivel político. Y por lo mismo un grupo de diputados encabezados Yovana Ahumada del Partido Social Cristiano presentó un proyecto para reducir el número de trabajadores extranjeros que puedan trabajar por empresa.

Actualmente, el artículo 19 del Código del Trabajo exige que al menos el 85% de las personas de firmas con más de 25 trabajadores sean de nacionalidad chilena, sin embargo, se plantea en la iniciativa que actualmente existe una excepción bastante amplia para los casos de quienes ocupan menos de veinticinco trabajadores. “Esta excepción ha sido utilizada para operar unidades completas sin ningún trabajador chileno, afectando la igualdad de oportunidades y debilitando la protección del empleo nacional”, indica el proyecto.

Así, se argumenta que “las reglas vigentes deben actualizarse para propender siempre a la protección y participación del ciudadano chileno, resguardando una distribución equilibrada de la fuerza laboral en cada región de nuestro territorio nacional”.

Por esta misma razón es que según los autores de la propuesta, afirman que “este proyecto establece reglas más claras y exigentes, obligando a que toda empresa, sin importar su tamaño, cuente efectivamente con un porcentaje mínimo de trabajadores chilenos en cada región de nuestro país”. Traslada, además, el cálculo del porcentaje desde el nivel nacional al nivel regional para reflejar “las realidades locales y redefine quiénes pueden ser considerados como trabajadores chilenos eliminando excepciones que ya no se ajustan al escenario migratorio actual”.

La iniciativa incorpora, además, una regla expresa para impedir que sucursales, obras, faenas o establecimientos operen sin trabajadores chilenos, evitando la formación de enclaves laborales sin participación nacional.

Así, entre los cambios se establece que “el empleador que no ocupa más de veinticinco trabajadores, deberá contar con un sesenta por ciento, a lo menos, de los trabajadores de nacionalidad chilena”.

“El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionado con una multa a beneficio fiscal de entre doscientas cincuenta y cuatrocientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador contratado en contravención a esta norma, atendida la gravedad, reiteración y demás circunstancias de la conducta infractora.

Otro cambio es que “se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe dentro de cada región del país donde mantenga operaciones, y no el total nacional. Para estos efectos, se entenderá por dotación regional el conjunto de trabajadores que presten servicios en dicha región, con independencia del número de establecimientos, faenas o sucursales existentes en ella”.

Otro punto es que “se considerará también como chilenos a los extranjeros avecindados por más de diez años en el país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales inferiores a treinta días en cada año calendario”.

La iniciativa es apoyada, además de Ahumada, por los diputados Víctor Pino (Demócrata) y Roberto Arroyo ( Social Cristiano).