El inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por un despliegue comunicacional que ha copado la discusión pública. Entre sus principales definiciones, el Ejecutivo estableció como sello la revisión total respecto a la administración saliente, lo que se ha traducido en el retiro de más de 100 decretos y proyectos impulsados por la administración de Gabriel Boric para su revisión.

El pasado viernes se dio a conocer el retiro de la Contraloría General de la República (CGR) de la Toma de Razón del Decreto N° 10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La iniciativa buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo bajo la Ley Karin, legislación aprobada durante el gobierno anterior.

El retiro de la modificación, ingresada a seis días del cambio de mando por la Subsecretaria del Trabajo, fue acusado por la diputada Ana María Gazmuri a través de X.

“El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”, condenó.

Administración Boric pide resguardar estándares

Contactados por La Tercera, desde la administración de Gabriel Boric detallaron que estas modificaciones al actual reglamento se elaboraron tras un proceso de monitoreo del primer año de implementación de la ley, considerando evidencia institucional y la cantidad de denuncias recibidas.

El alto volumen de denuncias recibidas, detallaron, habría “tensionado” los procedimientos institucionales, obligando a introducir mejoras para hacer los procesos más claros y eficientes. “El objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización”, señaló Ximena Valencia, ex jefa de asesores de la cartera de Trabajo de Boric.

Asimismo, desde la antigua administración explicaron que las modificaciones al decreto ingresadas a Contraloría no se comunicaron en las reuniones de traspaso de mando debido a su estado de tramitación. Al tratarse de una propuesta técnica que aún estaba bajo revisión al momento de las bilaterales, no calificaba como un acto administrativo finalizado para ser incluido en las minutas formales.

Aun así, el retiro encendió las alarmas en la anterior administración, quienes advirtieron que el principal riesgo radica en que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares”.

Gobierno de Kast sostiene que “no se está debilitando ninguna obligación”

Ante los cuestionamientos, La Tercera consultó al actual subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, sobre el retiro de la Toma de Razón.

“Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”, sostuvo.

“Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”, agregó Rosende.

En tanto, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con avanzar en una “nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa”.