Una diferencia por un ajuste de precio que estaba en el contrato, pero que las partes interpretaron de manera diferente, terminó con la judicialización de la venta del negocio de gestión documental que controlaba Redmegacentro a la norteamericana Access, ocurrida hace cuatro años.

Exactamente el 1 de agosto de 2022 se cerró la transacción que permitió a Access, el mayor proveedor de servicios de administración de información y registros del mundo, adquirir la firma de archivos vinculada al grupo Angelini y otros accionistas minitarios: la estadounidense pagó $37.950 millones (unos US$ 41,6 millones) y dejó saldos por definir. Pero en octubre de 2023, cuando por contrato le correspondía a los norteamericanos enterar una cuota de ajuste final del precio, estalló el conflicto.

La empresa en venta era Mega Archivos S.A., una firma de logística fundada en 2011, y su filial HQB, especializadas en la gestión de grandes volúmenes de documentos, principalmente de empresas. Mega Archivos era controlada por Redmegacentro, con el 50%, y tres sociedades de inversión (Inversiones Villa María SpA), con el 30%, representada por José Miguel Prieto; Eyzaco Limitada (Juan Carlos Eyzaguirre) e Inmobiliaria El Rosario (Luis Enrique Alamos).

El 24 de mayo de 2024, los vendedores -a los que se sumaron otros minoritarios de HQB- acudieron al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, que designó un ábitro que el 28 de enero de 2026 les dio la razón y falló en contra de Access.

El 9 de marzo de este año, Access, a través de sus sociedades Mega Archivos S.A y RTI International LLC, acudió a la Corte de Apelaciones en contra del árbitro Nicolás Cubillos Sigall pidiendo anular la sentencia de enero que obliga a la norteamericana a pagar $6.781 millones, más reajustes e intereses. “Se solicita dejar sin efecto la citada sentencia”, inicia la demanda del estudio Dentons. Hasta el cierre de esta edición, la causa figuraba “en acuerdo” en el Poder Judicial, sin fecha para sentencia.

Entre medio, el caso ha sido escenario de solicitudes de lado y lado, que permitieron al estudio de abogados Barros & Errázuriz iniciar por mandato de Redmegacentro y un bloque varias sociedades de inversión, codueñas del negocio, el cobro de los $6.781 millones con reajustes e intereses. Según una carta fechada el 31 de marzo de 2026, la cuenta ya sumaba 249.580 UF, según sus cálculos: $ 10.194,1 millones.

Por culpa de la inflación

Todo comenzó el 1 de agosto de 2022, cuando el holding chileno vendió el 100% de su negocio de gestión documental, conformado por las filiales Mega Archivos S.A. (creada en 2011) y HQB S.A a Access, un gigante con presencia en más de 70 mercados. Redmegacentro -la matriz de rentas industriales que sigue operando su negocio principal- se desprendió de esa unidad, negocio que les generó una utilidad aproximada de US$ 15 millones, según reportó en esa época.

Además de Angelini (Inversiones Siemel), los otros accionistas principales de Redmegacentro son la constructora EBCO, junto a sus socios Hernán Besomi y Germán Eguiguren, y el Fondo de Inversión Link-Inmobiliario I (administrado por Link Capital). Esta semana el grupo Angelini, que controla el 26,60% de las acciones de la firma, informó su intención de convertirse en el accionista mayoritario de la firma, adquiriendo un 7% adicional de acciones.

El contrato de la venta a Access establecía que además del pago al contado de los $37.950 millones, habría un “Ajuste del Precio de Compra” (Earn-out, en palabras del documento) que dependería del desempeño real de las empresas adquiridas durante su primer año de operaciones. Este tipo de cláusulas es común en negocios de este tipo. Y también es normal que en caso de desacuerdo, las partes acudan a un árbitro. Pero fue por esa cláusula variable que todo terminó en tribunales.

Acorde a los escritos de la causa, el 26 de octubre de 2023, el director de Access, Ted Murphy, presentó a Redmegacentro su propuesta oficial de ajuste por el año establecido en el contrato: $5.254 adicionales a los vendedores. Redmegacentro, representado por el estudio Barros & Errázuriz, objetó formalmente la cifra el 24 de noviembre de 2023.

Según los vendedores, Access llegó a esa cifra aplicando exclusiones unilaterales, como la inflación. El contrato decía que en caso de controversias técnicas, la firma de contadores RSM Auditores actuaría como auditor independiente. El 26 de febrero de 2024, el profesional de esa firma, John Droguett emitió un dictamen determinando que Access debía pagar los $6.781 millones.

La corporación estadounidense se negó a transferir los fondos, acusando por escrito el 19 de marzo de 2024 que el auditor cometió un “error manifiesto” al extralimitarse de sus competencias contables e interpretar jurídicamente la voluntad de las partes.

El laudo de Cubillos Sigall

El 24 de mayo de 2024 Redmegacentro acudió al CAM de Santiago. En enero de 2026, el juez árbitro Nicolás Cubillos Sigall dictó el laudo final a favor de la firma chilena en un fallo de 92 páginas donde concluyó que los auditores no se extralimitaron y que la exclusión de la inflación no estaba contemplada expresamente en las reglas del contrato. Condenó a Access al pago de los $6.781 millones, reajustados por el IPC, sumando intereses por mora desde el 19 de marzo de 2024.

El 9 de marzo, el estudio Dentons (por Access) ingresó un recurso de queja en la Corte de Apelaciones de Santiago para anular la sentencia y paralizar el cobro, acusando a Cubillos Sigall de “abdicar” de su jurisdicción al negarse a interpretar el concepto earned revenues (clave para determinar si se debía sumar o no la inflación) y de legitimar un cálculo, cuyo autor reconoció no poseer todos los datos para hacerlo, según consta en las declaraciones allegadas al caso.

La Tercera Sala del tribunal de alzada denegó una orden de no innovar y los chilenos iniciaron el embargo de las cuentas corrientes de Mega Archivos S.A. en la banca nacional.

Access incorporó al expediente el 27 de mayo de 2026 dos informes en derecho: uno del abogado procesalista Jaime Carrasco Poblete y otro del rector de la Universidad Diego Portales y civilista, Carlos Peña González, quien sentenció que el árbitro “eludió analizar los fundamentos del cálculo” y “omitió pronunciarse sobre las bases de cálculo del precio que las partes controvertían”, generando lo que calificó como “una incongruencia flagrante”. Pero el 2 de julio, la Corte determinó que ambos escritos no cumplían con las condiciones para ser calificados como informes en derecho, considerándolos “documentos que emanan de terceros ajenos al juicio”. El 16 de julio, la Tercera Sala informó que el caso ya está en acuerdo.