Durante una nueva jornada de formalización de los once imputados en el denominado “caso Sartor”, el fiscal Juan Pablo Araya expuso esta mañana una serie de conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los directores de la administradora general de fondos.

La Fiscalía imputa seis delitos económicos: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, estafa, fraude por omisión de OPA y lavado de activos.

Tras la exposición de la Fiscalía, la magistrada del 4° Juzgado de Garantía, Ximena Rivera, decretó un receso de 30 minutos, audiencia se reanudaba pasado el mediodía.

Durante su exposición, el Ministerio Público no solo abordó las operaciones locales, sino que también delineó la estructura internacional utilizada por la administradora. El fiscal Araya reveló los movimientos de un pagaré por más de US$ 18 millones, suscrito por Asesoría de Inversiones Cerro El Plomo a favor del Fondo de Inversión Táctico Internacional, el cual fue endosado en julio de 2023, fijando su domicilio de pago en la jurisdicción de Gran Caimán.

En paralelo a estas operaciones vinculadas al Caribe, la Fiscalía apuntó a la malla corporativa construida en Estados Unidos. El persecutor expuso ante el tribunal el acuerdo de operaciones del Fondo Inversión Sartor LLC, una sociedad constituida bajo las leyes del estado de Delaware en octubre de 2022. En dicho documento, se estipulaba el “poder absoluto” que mantenía en la firma una de las figuras clave del caso, posición que mantuvo hasta horas antes de enfrentar a la justicia.

“Pedro Pablo Larraín Mery tiene el carácter de manager irrevocable de la compañía, establecido por la unanimidad de los votos de todos los miembros. Entendemos, magistrado, esto es parte de lo que se nos ha mencionado en correos que hemos recibido durante estos días, que el señor Pedro Pablo Larraín habría renunciado a ese cargo el 29 de julio, es decir, un día antes de su formalización. Esto llama la atención, magistrado, porque la posibilidad de renuncia ya estaba y pudo haberla ejecutado tiempo antes", explicó el fiscal Araya Paredes.

Con ello, Pedro Pablo Larraín renunció a sus poderes en una de las sociedades extranjeras que participan en el proyecto Faena Residences, una iniciativa inmobiliaria que considera la construcción de dos torres de 64 pisos cada una, a la que Sartor aportó en su momento unos US$ 35 millones.

El viernes pasado, cuatro de los 11 imputados en el marco del Caso Sartor terminaron con medidas cautelares de arresto domiciliario, aunque con distinta intensidad. Estas son las primeras decisiones adoptadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se llevó a cabó la segunda jornada de formalizaciones.

Conversaciones

El fiscal Araya también detalló varias conversaciones que tuvieron los imputados.

En los chats entre Michael Clark (de Redwood Capital) y Hugo Baranda se coordinaba de forma constante la emisión de boletas, facturas y cobros de honorarios. En estas conversaciones de 2021 y 2024, Baranda se quejaba recurrentemente de las presentaciones a los comités (“estas presentaciones son una paja”), mientras coordinaban los flujos de dinero, el orden de las cuentas corrientes y la resolución de enredos con las boletas de honorarios y los pagos atrasados.

En noviembre de 2022, a raíz de la formalización de dos personas involucradas al caso Swell, Octavio Gamboa, ex gerente general y el ex contador Michael Suárez, Pedro Pablo Larraín escribió en el grupo del directorio de Sartor AGF que estaba muy contento con la gestión de sus abogados, ratificando su tesis y celebrando que uno de ellos quedara en prisión preventiva.

Larraín agregó: “Acá lo importante es que hay que dejar claro que el que se mete con Sartor le vamos a sacar la chucha”, comentario que fue celebrado con aplausos por Iván García y respaldado por Miguel León, con la frase “ni perdón ni olvido, sólo justicia”.

Por otro lado, el 20 de diciembre de 2024, Pedro Pablo Larraín informó directamente por el chat de directores la llegada de la CMF a sus oficinas: “Les comento que acaba de llegar la CMF a nuestras oficinas, y nos revocaron la licencia de la AGF. Desde ahora hay un liquidador, y se acaba el directorio...”. Ante esto, los demás directores (como Óscar Ebel y Mauro Valdés) comenzaron a coordinar los pasos a seguir y las reuniones con su estudio jurídico de abogados.

Tras la acción de la CMF a fines de noviembre de 2024, los registros muestran que Michael Clark comenzó a eliminar mensajes de los grupos de WhatsApp (“eliminé todos los mensajes, sólo queda salirme del grupo”), instando a los demás a hacer lo mismo para limpiar los chats.