Cuatro de los 11 imputados en el marco del Caso Sartor terminaron con medidas cautelares de arresto, aunque con distinta intensidad. Estas son las primeras decisiones adoptadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se llevó a cabó la segunda jornada de formalizaciones.

La audiencia se extendió desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía y continuará el próximo lunes, cuando comenzarán a definirse las medidas cautelares que serán debatidas.

El Ministerio Público pretende pedir la prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete. Estas peticiones serán resueltas durante la próxima semana.

Este viernes el Ministerio Público pidió las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Óscar Ebel Sepúlveda y Alfredo Harz Castro, en atención a que “ambos imputados suscribieron acuerdos de cooperación eficaz con el Ministerio Público y en el marco de dichos acuerdos, y atendido obviamente las declaraciones que fueron prestadas por ellos previamente ante la Fiscalía, los aportes de antecedentes que realizaron y efectivamente también la disposición a seguir prestando declaración y a continuar con la cooperación en esta causa”, dijo la fiscalía.

Y si en el caso de Ebel no hubo oposición de la defensa, en el de Harz fue cuestionada por un querellante: el representante de la gestora Toesca pedirá la prisión preventiva, por lo que ese caso quedó para la próxima semana.

Con arresto domiciliario total también quedó el ex gerente de Emprender Capital, Hugo Baranda, mientras que para Juan Carlos Jorquera, su propia defensa se opuso a la medida cautelar, pues busca una medida de menor intensidad.

En tanto, Mauro Valdés y Miguel León Muñoz quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual, tras la petición del Ministerio Público.

El lunes continuará la formalización, donde se iniciará la discusión en específico sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

Al término de la jornada, el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, señaló que “el balance es positivo, ya hay imputados que quedaron con medidas cautelares decretadas, y son todas privativas de libertad, lo cual nos habla que está formalización contempla delitos complejos y graves”.

A modo de resumen, Araya señaló que este caso se trata de una “defraudación financiera, en el cual quienes estaban a cargo de la administración de patrimonios públicos, utilizan esos fondos para realizar operaciones con relacionados, que le permiten desarrollar ciertos negocios a través de triangulaciones con sus propias empresas y con fondos privados que ellos gestionan, logran desviar estos recursos para distintos negocios que van en su beneficio, y no de los aportantes”.

Sobre el caso de Michael Clark, Araya señaló que, a diferencia de los otros directores de Sartor, “se le agrega el delito de lavado de activos por las operaciones que realiza con Azul Azul a partir de la compra. Estos dineros provienen de fondos públicos, se le imputan una administración desleal, en la etapa posterior contribuye al ocultamiento del origen de los dineros y además realiza aprovechamiento por años, percibiendo remuneraciones, realizando transacciones hasta la fecha incluso actual. Todos supimos que rescindió un contrato del cual no sabemos su redacción, tenemos incluso información de que podrían haber más de un contrato. Eso permitió estas operaciones de aprovechamiento como la no realización de la OPA”.

“Valoramos el trabajo de la Fiscalía y la CMF. Esperamos que el tribunal decrete la prisión preventiva de quienes habrían protagonizado y concertado un fraude de proporciones históricas, impulsados por una ambición sin límites y con absoluta indiferencia frente al enorme daño causado a las víctimas y al mercado”, sostuvo Susana Borzutzky abogada querellante víctimas de ECapital.

Alejandro Espinoza, abogado de Óscar Ebel, explicó que “La cautelar de arresto domiciliario impuesta a Oscar Ebel se da en el acuerdo de cooperación suscrito por esta defensa con el Ministerio Público. Desde nuestro punto de vista estamos confiados que la investigación permitirá establecer claramente las responsabilidades penales de quienes actuaron dolosamente en los diversos delitos formalizados, a quienes el Ministerio Público les está solicitando prision preventiva, respecto de aquellos, que pudiendo haber cometido infracciones administrativas, como lo estableció la CMF, no actuaron dolosamente ni se beneficiaron de las irregularidades cometidas, que es el caso de Ebel”.